La Policía de la Provincia de Córdoba enfrenta una situación alarmante: en los últimos 17 meses, se han registrado más de 600 agresiones contra efectivos, comisarías y patrulleros, incluyendo ataques con piedras, bombas molotov, disparos e incluso emboscadas armadas. Estos episodios, que se han intensificado en barrios periféricos de la capital como Ciudad de Mis Sueños, Villa 9 de Julio y Zepa, reflejan una creciente hostilidad hacia las fuerzas de seguridad que pone en riesgo no solo la integridad de los agentes, sino también la seguridad pública de todos los cordobeses.
Es inaceptable que quienes arriesgan su vida para garantizar el orden y proteger a la ciudadanía sean blanco de violencia sistemática. Los policías de Córdoba, lejos de ser opresores, son servidores públicos que operan en condiciones adversas, enfrentando el avance del narcotráfico y la delincuencia en zonas donde la autoridad es desafiada a diario. Como señaló el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, estos ataques suelen ser reacciones de bandas ante una mayor presencia policial en barrios donde los vecinos mismos reclaman intervención contra el delito. La Policía no solo actúa con profesionalismo, sino que lo hace bajo estrictas órdenes de evitar excesos, recurriendo a armas no letales para contener agresiones, como ocurrió en recientes episodios donde efectivos resultaron heridos por pedradas y objetos contundentes.
La Justicia ha respondido con firmeza, con 84 detenidos y 10 condenados por estos ataques en 2024, pero la solución no puede recaer solo en el sistema judicial. La sociedad debe reflexionar sobre el impacto de justificar o minimizar estas agresiones. Detrás de cada ataque hay un intento de socavar la autoridad que sostiene el orden público, un pilar esencial para la convivencia. La presencia de menores en estos actos violentos, como el caso de un adolescente de 14 años implicado en un ataque con molotov en barrio Müller, evidencia una crisis de valores que requiere un esfuerzo colectivo para ser revertida.
El gobierno provincial, liderado por Martín Llaryora, ha expresado su preocupación y aboga por penas más duras contra los agresores, además de incrementar los controles con la Guardia de Infantería en zonas críticas. Sin embargo, el respaldo a la Policía debe ir más allá de medidas institucionales: es responsabilidad de todos los cordobeses apoyar a quienes, día a día, enfrentan el peligro para protegernos. Los agentes no solo merecen respeto, sino también el reconocimiento por su valentía y compromiso en un contexto donde el narcotráfico y la violencia urbana representan desafíos crecientes.
Proteger a la Policía de Córdoba es proteger nuestra propia seguridad. Es hora de condenar con firmeza estos ataques y trabajar juntos para fortalecer la autoridad policial, garantizando que los efectivos puedan cumplir su labor sin temor. La seguridad de nuestra provincia depende de ello.