La decisión del Gobierno de eliminar temporalmente las retenciones hasta el 31 de octubre generó posturas encontradas en la Mesa de Enlace, que no logró un mensaje unificado tras reunirse con funcionarios nacionales.

La medida, que busca acelerar el ingreso de dólares al Banco Central antes de las elecciones, beneficia principalmente a grandes productores y exportadores, según Federación Agraria y Coninagro, mientras que los pequeños y medianos productores, que ya liquidaron sus granos para cubrir deudas, alquileres e insumos, no percibirían impacto.

Carbap y sectores opositores a Nicolás Pino en la Sociedad Rural Argentina (SRA) critican que la quita responde a urgencias del Gobierno y no a demandas del sector. Solo la conducción de la SRA, liderada por Marcos Mathé, la respaldó plenamente, considerándola un paso positivo, aunque pidió que sea permanente. «Nadie puede oponerse a esto, es lo que venimos pidiendo hace años», afirmó Mathé a LPO, destacando que aún hay 55 millones de toneladas de granos por vender, equivalentes a USD 15 mil millones.

Sin embargo, la medida fue inconsulta. El secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, no la mencionó en el reciente congreso de Coninagro. José Luis Volando, vice de Federación Agraria, señaló que los pequeños productores ya no tienen granos y alertó sobre el impacto en actividades que usan maíz y pellets de soja, cuyos precios subirían sin posibilidad de trasladarlos al consumidor por la baja demanda. Además, dudó del objetivo oficial de liquidar USD 7 mil millones en 30 días: «Desconoce la dinámica del sector», afirmó.

En la Mesa de Enlace reconocen que los productores con granos pueden especular, esperando una posible devaluación. «Muchos creen que lo que pierden ahora por descuentos lo recuperarán con un salto cambiario», confió a Jornada Política un dirigente bajo reserva.

Santos Zuberbuhler, ex director de la SRA, calificó la medida como cortoplacista: «Es muy poco tiempo para que el Gobierno vea beneficios». Ignacio Kovarsky, de Carbap, coincidió: «Toda quita es positiva, pero no incentiva la producción por su carácter temporal». Desde Coninagro, Mario Raiteri agregó que, al ser transitoria, responde más a necesidades del Gobierno que a reclamos del campo. «Si fuera permanente, sería una verdadera respuesta», subrayó.

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