En un contexto de crecientes tensiones por manifestaciones que afectan la circulación en la ciudad, la provincia de Córdoba ha reabierto el debate sobre la regulación de protestas callejeras, con el objetivo de compatibilizar el derecho constitucional a la manifestación con la libre circulación de los ciudadanos. Esta iniciativa responde al impacto de recientes movilizaciones gremiales y sociales que han complicado el tránsito y los servicios públicos en la capital provincial.
El pasado 30 de mayo, el ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, expresó la necesidad de una «ley antipiquetes» que permita actuar ante protestas que interfieran con la vida cotidiana de los cordobeses. «Córdoba respeta el derecho constitucional a la protesta, pero debemos contraponer el derecho de los ciudadanos a llegar a sus trabajos y circular libremente», afirmó Quinteros en una entrevista radial.
En la Legislatura provincial, la discusión ha ganado impulso con proyectos que buscan establecer un marco normativo claro. La legisladora Nadia Fernández destacó que ya existen herramientas legales para que los fiscales actúen cuando las protestas generan caos en la ciudad, pero señaló la importancia de avanzar en regulaciones específicas. «Actualmente, si seis encapuchados sitian la ciudad, hay mecanismos, pero necesitamos un marco claro para garantizar convivencia», indicó Fernández.
Un proyecto impulsado por el legislador Agustín Spaccesi propone alinearse con el Código Penal y experiencias como la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para implementar «piquetes cero» en Córdoba. Spaccesi subrayó el cansancio de la población ante los cortes que impiden el normal desarrollo de actividades laborales, educativas y comerciales. «La semana que viene, con voluntad política, podríamos tener una ley antipiquetes», aseguró.
El debate no es nuevo. En 2022, la Cámara de Comercio de Córdoba reportó que el 79,3% de las 92 manifestaciones registradas en la ciudad ocuparon la calzada completa, afectando mayormente el área central durante la mañana. En ese mismo año, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura analizó proyectos de los legisladores Juan Manuel Cid y Dante Rossi, quienes propusieron modificaciones al Código de Convivencia Ciudadana para regular el «respeto a la tranquilidad pública» y la «defensa de los bienes públicos y privados», sin prohibir el derecho a la protesta.
Organizaciones gremiales y sociales, como el SUOEM y la ATE, han intensificado sus reclamos en los últimos meses, con marchas y asambleas que han generado interrupciones en el tránsito y los servicios. Estas acciones, enfocadas en mejoras salariales y condiciones laborales, han avivado la discusión sobre la necesidad de un equilibrio entre el derecho a manifestarse y el impacto en la ciudadanía.
La propuesta de regulación ha generado posturas encontradas. Mientras algunos sectores apoyan un marco que ordene las protestas, otros advierten sobre el riesgo de criminalizar la manifestación social. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Córdoba expresó en 2023 su preocupación por medidas que podrían limitar el derecho a la protesta, calificando como «inconstitucional» cualquier protocolo que habilite la represión de manifestaciones pacíficas.
El gobierno provincial, liderado por Martín Llaryora, mantiene una postura firme en favor de la convivencia, mientras que los gremios advierten que profundizarán sus planes de lucha si no se atienden sus demandas. La audiencia de conciliación convocada por la Secretaría de Trabajo para el 4 de junio entre la Municipalidad y el SUOEM podría ser un paso clave para descomprimir el conflicto, aunque el debate sobre la regulación de protestas promete continuar en la agenda legislativa y social de Córdoba.