En medio de un clima de tensión económica y ajustes fiscales que afectan a jubilados, hospitales y sectores vulnerables, la diputada nacional Marcela Pagano (bloque Coherencia) encendió una polémica al denunciar que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, percibe hasta 180.000 dólares mensuales por integrar el directorio de YPF, la petrolera estatal. La legisladora, ex periodista económica, aseguró que Francos no ejerce activamente ese cargo y criticó los aumentos salariales en la compañía en un contexto donde el Gobierno predica austeridad y recortes en áreas sociales.
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Pagano cuestionó que, mientras el gobierno de Javier Milei impulsa recortes en jubilaciones, educación y salud, se aprueben «honorarios exorbitantes» para directivos de YPF. Según sus cálculos, solo en 2024 se gastaron más de 11 millones de dólares en remuneraciones para once directores, con un desembolso anual que supera los 130 millones de dólares, financiados con recursos de la empresa, cuyo 49% cotiza en bolsa pero está bajo control estatal.
Horas después, Guillermo Francos negó las acusaciones en la radio, asegurando que renunció expresamente a cobrar honorarios por su cargo en YPF y que recibe solo su salario ministerial. Sin embargo, Pagano exigió pruebas documentales y comentó que en audiencias anteriores Francos evitó responder si cobraba o no en la petrolera, manteniendo la duda sobre la transparencia del asunto.
El escándalo se enmarca en un contexto de aumentos polémicos en YPF. En abril de 2024, la asamblea de la empresa aprobó un incremento del 388% en los sueldos, muy por encima de la inflación proyectada. Varios directivos, incluyendo exgobernadores y empresarios, se beneficiaron con sueldos millonarios, mientras que críticos alertan que la compañía no muestra mejoras en su rentabilidad ni en sus costos.
El debate revela un doble estándar en la gestión pública y estatal, donde algunos consideran que existe un privilegio oculto para ciertos cargos, mientras millones de argentinos enfrentan dificultades económicas. La justicia aún no intervino, pero el tema sigue abierto, reavivando las voces que piden mayor transparencia en las empresas estatales y una revisión profunda de los gastos y remuneraciones en un contexto de crisis.
Mientras tanto, YPF enfrenta una caída en su valor bursátil y reporta pérdidas millonarias, evidenciando la desigualdad y el descontento en un país donde la inequidad y la opacidad parecen aumentar.