La Cámara de Diputados de la Nación Argentina asestó un duro golpe al gobierno de Javier Milei al rechazar, con una mayoría especial de dos tercios, el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793). Con 172 votos afirmativos, 73 en contra y 2 abstenciones, la oposición logró imponer su criterio, marcando un hito en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Este resultado envía un mensaje claro: las necesidades de los sectores más vulnerables deben priorizarse frente a las restricciones fiscales. Ahora, el debate pasa al Senado, donde se espera una votación similar para consolidar la caída del veto.
La Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso el 10 de julio de 2025, busca garantizar hasta diciembre de 2027 medidas esenciales para el colectivo, como la regularización de pagos atrasados a prestadores de servicios (enfermeros, acompañantes, transportistas), la actualización de aranceles por inflación, la creación de una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Además, promueve el cumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad en el Estado, abordando una problemática estructural que afecta su inclusión social.
El veto presidencial, formalizado mediante el Decreto 534/2025, fue fundamentado por el Ejecutivo en el supuesto impacto fiscal de la ley, estimado entre el 0,22% y el 0,42% del PBI según la Oficina de Presupuesto del Congreso. El gobierno argumentó que este gasto ponía en riesgo el “equilibrio fiscal innegociable”, una de las banderas de la administración libertaria. Sin embargo, la oposición, respaldada por organizaciones sociales y un reciente fallo judicial, cuestionó estas cifras, destacando que el costo real sería de apenas el 0,03% del PBI, y acusó al gobierno de priorizar el ajuste por sobre los derechos fundamentales.
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, había declarado la nulidad del veto días antes, en respuesta a un amparo presentado por los padres de dos niños con trastornos del desarrollo. El fallo, que calificó al veto como “un caso de clara discriminación” hacia las personas con discapacidad, subrayó que los derechos a la salud, la educación y la rehabilitación deben prevalecer sobre consideraciones presupuestarias. Este pronunciamiento, respaldado por la reciente opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho al cuidado, fortaleció la postura de la oposición y las organizaciones que marcharon al Congreso exigiendo la ratificación de la ley.
La sesión en Diputados reflejó tensiones políticas significativas. La oposición, liderada por el kirchnerismo, el radicalismo y bloques federales, logró un amplio consenso, sumando votos clave de legisladores que responden a gobernadores como Martín Llaryora (Córdoba) y bloques como Innovación Federal. Incluso aliados tradicionales del oficialismo, como los diputados del MID Oscar Zago y Eduardo Falcone, apoyaron la discusión, evidenciando fracturas en la base de apoyo de La Libertad Avanza. Por otro lado, el PRO y algunos radicales alineados con Milei, como los mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Nieri, defendieron el veto, aunque no lograron frenar la marea opositora.
Horas antes de la votación, el vocero presidencial Manuel Adorni intentó mitigar el impacto al anunciar que el gobierno “está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad”. Sin embargo, esta declaración fue recibida con escepticismo por las organizaciones, que la consideraron una maniobra tardía y poco concreta frente a la crisis que enfrentan los prestadores de servicios, muchos al borde del cierre por falta de fondos.
La movilización social también jugó un rol clave. Organizaciones como el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, junto a familias y referentes del sector, realizaron una vigilia en Plaza de Mayo y una marcha masiva frente al Congreso, exigiendo que se garantice el acceso a tratamientos, educación y apoyos esenciales. Testimonios como el de Matías, un adolescente con síndrome de Down que reclamó su derecho a “estudiar, trabajar y tener los mismos derechos que los demás”, resonaron entre los presentes, reforzando la urgencia de la ley.
El debate ahora se traslada al Senado, donde la ley cuenta con un respaldo previo unánime, lo que augura un nuevo revés para el gobierno. De confirmarse el rechazo al veto, el Ejecutivo estará obligado a promulgar la ley, conforme al artículo 83 de la Constitución Nacional. Sin embargo, fuentes oficiales indican que la Casa Rosada evalúa judicializar la norma o recurrir a la Ley de Administración Financiera de 1992 para limitar su aplicación, lo que anticipa un nuevo capítulo de tensión entre los poderes del Estado.
Este rechazo al veto representa no solo una victoria legislativa, sino un mensaje contundente: los derechos de las personas con discapacidad no pueden ser sacrificados en nombre del ajuste fiscal. Las familias, los prestadores y las organizaciones seguirán vigilantes, mientras el Senado tiene la oportunidad de consolidar este avance histórico para un colectivo históricamente postergado.