El relato oficial sobre la inflación vuelve a quedar bajo sospecha. El propio Jefe de Gabinete confirmó que la implementación del nuevo índice del INDEC fue postergada “por instrucción del Presidente”, una decisión política directa que expone la fragilidad del discurso libertario sobre la transparencia estadística y reaviva fantasmas que el país creía enterrados.
La salida de Marco Lavagna del INDEC, en medio de tensiones internas y apenas días después de la discusión por el cambio metodológico del IPC, dejó al descubierto diferencias dentro del propio Gobierno. Pero sobre todo encendió alarmas: según trascendió, con la nueva fórmula el dato de inflación de enero sería más alto, un detalle que explicaría por qué el oficialismo decidió frenar su aplicación.
El vocero presidencial Manuel Adorni intentó justificar la maniobra con una frase que lejos de despejar dudas las profundizó: aseguró que la orden fue del Presidente para evitar “interpretaciones erróneas” y que el nuevo índice se aplicará recién “cuando la inflación sea cero”. La explicación, en lugar de aportar claridad, suena a admisión implícita de que el Gobierno pretende elegir el momento político más conveniente para mostrar los números.
La decisión marca un giro preocupante para una administración que llegó al poder prometiendo terminar con la manipulación de estadísticas públicas. Hoy, sin embargo, el Ejecutivo aparece repitiendo prácticas que durante años criticó con dureza: intervenir en la medición de la inflación, cambiar reglas de juego según la conveniencia política y construir un relato económico divorciado de la realidad cotidiana.
Economistas y analistas ya advierten que la postergación del nuevo índice no es una cuestión técnica sino política. Si el cálculo actualizado arroja una inflación mayor, la demora luce como una forma de maquillar el deterioro económico y sostener un discurso de desaceleración que no se refleja en los bolsillos.
La escena recuerda inevitablemente a las etapas más oscuras del kirchnerismo en materia estadística, cuando los números oficiales perdían credibilidad y la sociedad debía recurrir a mediciones alternativas para entender qué estaba pasando con los precios. El contraste con las promesas libertarias es brutal: quienes denunciaban manipulación hoy toman decisiones que huelen peligrosamente parecido.
La pregunta que queda flotando es simple y demoledora: si el Gobierno está convencido de su éxito contra la inflación, ¿por qué necesita retrasar el nuevo índice hasta que los números le resulten favorables? Mientras tanto, la confianza en las estadísticas públicas vuelve a quedar en el centro de la escena, y el fantasma de los datos “dibujados” reaparece con fuerza en la Argentina de Milei.