La Cámara Federal porteña intervendrá por primera vez este martes en la causa ANDIS, que investiga el presunto pago de sobornos por parte de droguerías en el marco de la compra de medicamentos destinados al área de discapacidad.
La audiencia, reprogramada la semana pasada, se realizará a partir de las 10.30 en los tribunales de Comodoro Py, según confirmaron fuentes judiciales.
El expediente llegará en apelación a la Sala II del Tribunal de Apelaciones, integrada por los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah, luego de que el juez federal Sebastián Casanello rechazara los planteos de nulidad presentados por la familia Kovalivker, propietaria de la droguería Suizo Argentina.
A los recursos de la defensa se sumó el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, también investigado en la causa.
El tribunal deberá resolver si confirma el rechazo a la nulidad, lo que permitiría que la investigación —actualmente bajo secreto de sumario— continúe su curso.
El 9 de octubre pasado, el fiscal federal Franco Picardi había solicitado la realización de 25 allanamientos simultáneos en droguerías y domicilios particulares, al detectar graves irregularidades y un presunto direccionamiento en la compra de medicamentos de alto costo por parte de la ANDIS.
Casanello, en línea con el dictamen de Picardi, consideró que los planteos de nulidad presentados por los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker eran “errados” y “contradictorios”, y que buscaban entorpecer una pesquisa incipiente.
Ante la Cámara, la fiscalía deberá ratificar esa posición durante la audiencia de apelación.
Los defensores de los Kovalivker, encabezados por el abogado Martín Magram, sostienen que la causa debe ser anulada por completo, argumentando que se inició a partir de audios del ex funcionario Spagnuolo que habrían sido obtenidos de manera ilegal.
En esas grabaciones, Spagnuolo habría mencionado a Suizo Argentina como parte del presunto esquema de sobornos y aludido a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y a Eduardo “Lule” Menem.
Según la defensa, los audios habrían sido “adulterados, obtenidos ilícitamente o incluso generados mediante inteligencia artificial”, motivo por el cual insisten en la nulidad absoluta del expediente penal.