Por Romualdo de la Hoya
La Argentina vive atrapada en una lógica binaria que se profundiza año tras año: la corrupción no se analiza por sus hechos, sino por el color político del acusado. Esa selectividad —social, mediática y también judicial— construye un sistema donde algunos cargan con el estigma eterno y otros transitan escándalos graves con una indulgencia sorprendente. La vara es doble, y a veces directamente incomparable.
El caso de Cristina Fernández de Kirchner es paradigmático. Desde hace más de una década, cualquier denuncia en su contra se convierte en sentencia social automática. La imagen de “chorra” se instaló con una potencia que ningún fallo, sobreseimiento o irregularidad procesal pudo matizar. Cada movimiento judicial fue televisado como un espectáculo: allanamientos en vivo, tapas diarias, paneles que repetían acusaciones aún no comprobadas como si fueran verdades absolutas. Y ese clima se extendió retroactivamente sobre Néstor Kirchner, usado como símbolo de una supuesta matriz de corrupción que explicaría todos los males del país. La condena mediática llegó incluso antes que cualquier resolución judicial.
Pero cuando la lupa se desplaza hacia otros dirigentes, la intensidad baja de inmediato. Mauricio Macri es el mejor ejemplo. Sus causas —desde el Correo Argentino hasta los registros de espionaje ilegal, pasando por las concesiones aeroportuarias y las maniobras con peajes— jamás tuvieron el tratamiento que sí tuvieron las acusaciones contra el kirchnerismo. Y cuando salió a la luz el episodio de los partidos de paddle en el sur con jueces federales y funcionarios judiciales, un escándalo que revelaba vínculos directos entre el poder político, el empresarial y el sistema judicial, el tema duró apenas unos días en ciertos medios. Lejos de la amplificación escandalosa que suelen tener otras investigaciones, la cobertura fue tenue, defensiva y en algunos casos directamente justificatoria. Mientras a Cristina se la perseguía por supuestas influencias, Macri jugaba al paddle con quienes luego debían resolver causas que lo involucraban.
Hoy, Javier Milei atraviesa un proceso similar al de Macri pero acelerado por el fanatismo digital y un blindaje mediático todavía más explícito. A pesar de las denuncias por contrataciones opacas, manejos discrecionales de fondos, negociados del entorno y escándalos internos que en cualquier otro gobierno ocuparían semanas de titulares, el discurso dominante habla de “errores”, “excesos” o “torpezas administrativas”. Milei goza de un trato privilegiado: para un sector de la sociedad, es “el salvador”, el antisistema que viene a purificarlo todo, aun cuando reproduce prácticas que históricamente fueron señaladas como corrupción en otros espacios políticos. Sus simpatizantes lo absuelven preventivamente, y los medios más alineados operan para minimizar, relativizar o desviar cualquier acusación.
La comparación revela el corazón del problema: la corrupción dejó de ser un hecho y se convirtió en un arma. No se mide qué se hizo, sino quién lo hizo. La justicia avanza con una velocidad para algunos y con una lentitud para otros; los medios editorializan escándalos selectivamente; y la sociedad consume ese marco narrativo como si se tratara de una verdad objetiva.
Así se construye la doble vara: Cristina es chorra por definición, Macri es un perseguido a pesar de sus causas, Milei es un mesías a pesar de sus desprolijidades. Y en esa distorsión, la verdad democrática se deshace. El país se queda sin estándares comunes, sin criterios compartidos, sin capacidad de evaluar hechos con la misma severidad para todos.
La doble vara no solo profundiza la grieta: la administra. Y mientras la justicia y los medios sigan calibrando su nivel de indignación según el apellido del acusado, la corrupción —la real, no la de etiqueta— seguirá siendo un problema imposible de resolver. Porque un país que juzga por simpatía política está condenado a no juzgar nada.