El gremio de empleados judiciales (AGEPJ) presentó ante el Superior Tribunal una gravísima denuncia: en un concurso de auxiliares de colaboradores de los asesores penales, se habría producido una filtración de las preguntas del examen escrito, lo cual habría permitido que cuatro aspirantes obtuvieran calificaciones sobresalientes, que las habrían colocado un escalón por encima del resto.
Este concurso es el mecanismo de acceso al poder judicial, con reglamentos y protocolos perfeccionados hace más de una década.
Lo que se habría filtrado son las respuestas de un test multiple choice, la prueba escrita prevista en el reglamento del concurso.
Las personas beneficiadas habrían actuado en connivencia con el asesor letrado, Eduardo Caeiro, miembro del tribunal del concurso, quien le había anticipado el contenido de la prueba, según la denuncia del gremio judicial.
La sospecha se reafirmó cuando observaron que esa empleada es pariente política de Caeiro, otra trabaja en la Asesoría Letrada que él encabeza y las dos restantes son adscriptas al curso de Posgrado que lo tiene como titular en la Universidad Católica de Córdoba (UCC). Todas tienen algún vínculo con él.
Eduardo Caeiro, es un abogado de «aquilatada trayectoria en la Justicia de Córdoba». Es decir, Sagrada Familia pura sangre. Participó en la investigación preliminar por los crímenes de bebés ocurridos en el Hospital Materno Neonatal. Fue representante de las mamás y los recién nacidos mientras duró la instrucción del expediente.
Desde el gremio de los empleados judiciales expresaron su preocupación.