En diciembre de 2004 un colectivo de la empresa municipal de transporte de Córdoba, TAMSE, arrolló y mató al remisero Luis Mansilla e hirió a otras 13 personas en pleno centro de la ciudad. El hecho disparó la instrucción de una causa en la Justicia provincial que, primero, determinó que la unidad no tenía frenos, no estaba en condiciones técnicas de circular, ni había cumplimentado la inspección técnica obligatoria. Después, quedó en la nada.
Pero la inacción de la justicia cordobesa no impidió que se iniciara otra complementaria, en el fuero federal. Actuó el fiscal Enrique Senestrari, quien terminó imputando al entonces secretario de Transporte de la Municipalidad, Walter Montenegro, por presunta defraudación en perjuicio del Estado nacional. La misma medida recayó sobre otro funcionario clave de ésa área, Aníbal Sanguinetti. Todo se vinculaba al cobro indebido de subsidios para los colectivos de la empresa municipal.
Un dato fundamental es que, a raíz de ese fatal accidente, se determinó que la unidad que mató al remisero Mansilla, y otros 60 colectivos al menos, no tenían realizada la Inspección Técnica Vehicular Obligatoria (requisito imprescindible para el cobro de los subsidios entonces). Por esa causa también fueron imputados los entonces funcionarios juecistas, a cargo de la TAMSE, Néstor Casalino, Juan Flores y Julio Casadidio, quienes debieron renunciar.
El hilo se cortó por lo más delgado, porque según la investigación se supo, aunque sin que hubiera consecuencias, que el mencionado Sanguinetti, con el aval de Luis Juez y de Montenegro, era el encargado de confeccionar, desde el municipio, las planillas con los datos de los colectivos para enviar a la Nación y solicitar el aporte económico. Se estableció que la Secretaría de Transporte de la Nación, comandada en esa época por Ricardo Jaime, remitía subsidios a unidades que no circulaban o lo hacían muy esporádicamente porque no podían pasar los controles técnicos. En realidad ni siquiera los sometían a esos controles porque no hubieran sido aprobados debido al estado calamitoso en que se encontraban. Sin embargo, durante un período que la justicia federal estimó superior a los 24 meses, los colectivos identificados (entre ellos el que arrolló y mató a Mansilla) fueron “subsidiados” por los fondos que enviaba Jaime a Córdoba.
Lo que la investigación parece haber dejado inconcluso, aparentemente por falta de información o por registros imposibles de interpretar de la contabilidad juecista en la TAMSE, es qué montos efectivamente ingresaron a esa empresa en concepto de subsidios nacionales en el período, que se comprobó, recibían fondos para unidades que eran casi chatarra.
La maraña de asientos, planillas complementarias y correcciones era tal que nadie pudo afirmar con certeza si la totalidad de los fondos que salían de la Secretaría de Transporte de la Nación tenían como destino el financiamiento del servicio de TAMSE. Más bien podría afirmarse lo contrario. Las dudas se agigantan porque el circuito que recorría el dinero tenía, antes una parada administrativa en el Poder Ejecutivo. Ni el intendente Juez, ni el secretario Montenegro, que controlaban la estación intermedia pudieron nunca aclarar el asunto, ni aportar los elementos documentales que lo hicieran. Quien sí exhibió los registros de envíos en una nota periodística emitida en la radio cadena 3 en esa época fue Ricardo Jaime. Los que interpretaron al funcionario kirchnerista después de esa participación mediática (muy poco usual en Jaime) aseguraron que el funcionario salió a despegarse del hecho sabiendo que, el ruido sobre su gestión lo transformaría en el sospechoso de siempre. Afirmaba a cuatro vientos que había enviado religiosamente los subsidios a la Municipalidad de Córdoba. Para empleados de planta con jerarquía en el área de transporte municipal, el trío Jaime, Juez, Montenegro funcionaba como una delantera que salía de memoria. Hay que saber todavía si a los goles los convertían los tres o alguno en especial.