La localidad de Mendiolaza, en la provincia de Córdoba, se encuentra en el centro de la atención tras la aprobación del proceso de revocatoria contra la intendenta Adela Arning, perteneciente al PRO. La Justicia Electoral Provincial, encabezada por la jueza Marta Vidal, dio luz verde a esta iniciativa impulsada por un grupo de vecinos autoconvocados, marcando un momento clave en la política local.
El proceso, iniciado formalmente el 25 de febrero por el vecino Alberto Dalmazzo, responde a un creciente malestar ciudadano por la gestión de Arning, quien asumió en diciembre de 2023 tras una ajustada victoria electoral con el 25,8% de los votos. Entre las principales críticas se destacan la propuesta de aumento de tasas municipales en un 165%, la falta de respuesta en servicios básicos como recolección de residuos, alumbrado público y mantenimiento de calles, además de una percepción de actitudes autoritarias por parte de la intendenta.
La resolución de la Justicia Electoral ordenó la conformación de una Junta Electoral Municipal, integrada por las docentes Silvia Corzo y Guadalupe Tillard, esta última con vínculos familiares con un funcionario municipal por lo que se pedirá su apartamiento y junto a la jueza de paz subrogante Cecilia Matias. Este organismo supervisa la recolección de firmas, que ya superó el 10% del padrón electoral (aproximadamente 1.430 firmas de un total de 14.000 electores). Las firmas, certificadas en la comisaría local y el Juzgado de Paz, cumplen con los requisitos de la Ley Orgánica Municipal 8102: ser mayores de 18 años, tener domicilio en Mendiolaza y haber votado en las elecciones de 2023.
El proceso no ha estado exento de tensiones. En abril, Arning intentó frenar la recolección de firmas mediante una presentación legal, que fue rechazada por la jueza Vidal. Además, un episodio en la comisaría local, donde la intendenta se presentó con abogados para cuestionar el procedimiento, generó controversia y acusaciones de prácticas intimidatorias. A pesar de estos obstáculos, los vecinos lograron presentar 1.500 firmas el 13 de mayo, superando el umbral requerido para avanzar hacia un referéndum revocatorio.
De confirmarse la validez de las firmas, Mendiolaza podría celebrar un referéndum en el que la ciudadanía decidirá si Arning continúa en su cargo hasta el final de su mandato en diciembre de 2027 o es destituida. En caso de revocación este año, se convocarían nuevas elecciones; si ocurre en 2026, el presidente del Concejo Deliberante asumiría interinamente. Este proceso, poco común en la región, revive antecedentes como el intento de revocatoria de concejales en 1998, cuando la ciudadanía ratificó a los ediles.
El caso de Mendiolaza ha generado alerta en la provincia, con temores de un «efecto dominó» en otros municipios. Desde el PRO, se observa con preocupación el impacto político, especialmente tras la reciente designación de Arning como vicepresidenta del partido a nivel nacional. Mientras tanto, los vecinos, encabezados por Dalmazzo, defienden la revocatoria como una herramienta democrática para exigir una gestión más eficiente y cercana a la comunidad.
El futuro político de Mendiolaza pende de un hilo, y el referéndum podría redefinir el rumbo de la localidad, consolidando un precedente para la participación ciudadana en la provincia de Córdoba.