Por Margarita Goycoechea
A poco más de dos años de haber asumido, el gobierno de Javier Milei enfrenta una seguidilla de denuncias por corrupción, investigaciones judiciales y renuncias de funcionarios que contrastan de manera directa con el discurso fundacional del oficialismo, basado en la promesa de terminar con “la casta” y erradicar las prácticas irregulares del Estado.
Lejos de ese relato, distintas áreas sensibles de la administración nacional quedaron envueltas en escándalos que hoy están bajo la lupa de la Justicia, con causas abiertas, allanamientos y una lista creciente de funcionarios desplazados.
El caso más grave y de mayor impacto político es el de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La causa se inició tras la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, entonces titular del organismo, donde se describía un presunto sistema de coimas y retornos en la compra de medicamentos y servicios, con porcentajes exigidos a proveedores para garantizar contratos con el Estado. En esas conversaciones se mencionaban nombres del círculo más cercano al poder, lo que elevó el escándalo a la Casa Rosada.
A partir de esas revelaciones, la Justicia Federal abrió una investigación penal, ordenó allanamientos, secuestro de documentación y teléfonos celulares, e inició una serie de medidas probatorias para determinar la existencia de delitos como cohecho, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. Spagnuolo fue removido de su cargo y quedó imputado, junto a empresarios y otros exfuncionarios.
Otro episodio que golpeó de lleno al oficialismo fue el escándalo vinculado a la criptomoneda “$Libra”, promocionada públicamente por el propio presidente Milei desde sus redes sociales. Tras un alza repentina, el activo digital se desplomó, generando pérdidas millonarias a pequeños inversores. El hecho derivó en denuncias por presunta estafa y uso indebido de la investidura presidencial, que motivaron investigaciones judiciales y pedidos de informes sobre el rol del mandatario en la promoción de un instrumento financiero no regulado.
Si bien algunos organismos administrativos intentaron desligar responsabilidades políticas, la causa penal continuó su curso y alimentó el debate sobre los límites éticos del accionar presidencial y el uso de la figura pública para beneficiar emprendimientos privados.
A estos casos se sumaron denuncias por irregularidades en la distribución de subsidios al transporte, que terminaron con la renuncia del secretario del área, y cuestionamientos por la retención de alimentos destinados a comedores populares, situación que derivó en auditorías internas y presentaciones judiciales contra funcionarios del Ministerio de Capital Humano.
En todos estos episodios, la reacción del Gobierno fue dispar: mientras en algunos casos se optó por desplazar rápidamente a los involucrados, en otros se apeló al argumento de una supuesta persecución política o mediática, aun cuando las causas ya estaban radicadas en tribunales.
El impacto de los escándalos se reflejó en una lista creciente de renuncias y salidas forzadas. Entre los nombres más relevantes figuran Diego Spagnuolo, ex titular de ANDIS; Ornella Calvete, funcionaria vinculada al entramado investigado; y Luis Pierrini, secretario de Transporte, quien dejó su cargo tras denuncias por corrupción en el reparto de fondos públicos. A ellos se suman otros funcionarios de áreas estratégicas que fueron desplazados en medio de sospechas de irregularidades, conflictos internos o investigaciones en curso.
En total, más de una decena de funcionarios dejaron el Gobierno en el marco de escándalos de corrupción o bajo fuertes cuestionamientos públicos, una cifra significativa para una administración que se presentó como la alternativa moral frente a la política tradicional.
Hasta el momento, no existen condenas firmes, pero sí causas abiertas, imputaciones, medidas judiciales en curso y un deterioro evidente del discurso anticorrupción que llevó a Milei a la Presidencia. La Justicia continúa investigando, mientras el oficialismo enfrenta un desgaste político que pone en duda la capacidad real del Gobierno para controlar a su propia estructura y cumplir con las promesas de transparencia que lo llevaron al poder.