El presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia que incrementa en más de 26 mil millones de pesos el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), y el detalle de las partidas generó un fuerte impacto político. El DNU introduce un refuerzo inmenso en gastos de personal y en bienes de consumo, en un contexto en el que el Gobierno insiste en que no existen recursos para áreas críticas del Estado.
El documento oficial señala que gran parte del aumento se concentra en gastos de personal, con más de 19.500 millones destinados a retribuciones, sueldos complementarios, aportes patronales y asistencia social. La SIDE también recibirá una inyección extraordinaria para bienes de consumo por encima de los 1.760 millones de pesos, que incluye desde productos alimenticios por 1.300 millones hasta partidas para indumentaria, textiles y confecciones por 320 millones. Dentro de ese bloque, se destaca la asignación de 300 millones para prendas de vestir y 20 millones adicionales para confecciones.
Otro conjunto de gastos llamativos aparece en rubros vinculados a insumos operativos y materiales diversos, entre ellos papel, productos gráficos, artículos de papel y cartón, además de partidas millonarias destinadas a productos de cuero y caucho que incluyen cubiertas y cámaras de aire por 350 millones de pesos. A esto se suman compras de combustibles, lubricantes, químicos, farmacéuticos, insecticidas y fumigantes, además de diversas categorías agrupadas como bienes “no especificados”.
El DNU también incrementa los fondos para utensilios y bienes de uso interno, entre ellos artículos de cocina y comedor por 40 millones, elementos de limpieza por 200 millones, útiles de oficina, repuestos, accesorios y otros insumos de mantenimiento. En paralelo, los servicios no personales del organismo también reciben aumentos significativos, con fondos destinados a agua, gas, telefonía, Internet y, especialmente, al mantenimiento y reparación de edificios, vehículos y maquinaria, que en conjunto superan los 450 millones de pesos.
El refuerzo presupuestario para la SIDE contrasta con la política de ajuste que el propio Milei exige al resto del Estado. Mientras se recortan partidas para educación, ciencia, cultura, programas sociales e infraestructura, el Gobierno expande el gasto en uno de los organismos de mayor opacidad institucional, sin obligación de rendición pública detallada y bajo el amparo de un DNU que evita el debate legislativo.
La decisión volvió a poner en la mira a la inteligencia estatal y acentuó las preguntas sobre el verdadero destino de fondos que, lejos de responder a una situación excepcional, parecen orientados a ampliar la estructura interna y el poder operativo de un organismo históricamente reservado y con escaso control democrático.