Las rutas nacionales atraviesan una de sus peores etapas en años. La falta de mantenimiento, la paralización de obras y el abandono de tramos clave han generado una situación crítica que pone en riesgo la seguridad de miles de conductores en todo el país. Diversos sectores —desde transportistas hasta organismos técnicos y dirigentes provinciales— lanzaron una fuerte advertencia sobre el estado calamitoso de la infraestructura vial bajo jurisdicción nacional.
Según informes recientes de asociaciones vinculadas al transporte y la seguridad vial, el deterioro es especialmente preocupante en corredores estratégicos como la Ruta Nacional 9, la 34, la 11, la 38, la 7, la 60, la 158, la 8, la 3, la 33 y la 40. Baches profundos, falta de señalización, banquinas erosionadas y ausencia de iluminación conforman un combo peligroso que incrementa los riesgos de siniestros viales, especialmente en zonas rurales y de alta circulación.
La situación se agravó desde el cambio de gobierno en diciembre de 2023. El recorte del gasto público, en línea con el plan de ajuste impulsado por el Ministerio de Economía, paralizó más de 200 obras viales que estaban en ejecución a lo largo del país. Vialidad Nacional, con un presupuesto severamente recortado, prácticamente dejó de operar en varias provincias y tercerizó el mantenimiento mínimo a empresas sin controles efectivos.
“Hay tramos que parecen caminos rurales, con pozos que directamente rompen los vehículos. Pero lo más grave es el peligro para la vida de las personas”, advirtió un dirigente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC). El organismo también alertó sobre el impacto económico: el mal estado de las rutas encarece los costos logísticos y afecta la competitividad de las economías regionales.
Frente al abandono, varias provincias comenzaron a tomar acciones por su cuenta. En Córdoba, Santa Fe y Salta se baraja la posibilidad de firmar convenios con la Nación para hacerse cargo del mantenimiento de algunas rutas nacionales, al menos de manera temporal. Sin embargo, advierten que los recursos no alcanzan y que la responsabilidad primaria sigue siendo del Estado nacional.
“Estamos viendo una desidia preocupante. La infraestructura vial no puede quedar a la deriva porque eso compromete la vida de la gente, pero también el desarrollo del país. No hay producción ni turismo posible si las rutas están detonadas”, sostuvo un funcionario cordobés.
Organismos como el Defensor del Pueblo y asociaciones de víctimas de tránsito exigen que se declare la emergencia vial nacional. En muchos casos, los informes técnicos señalan que los tramos deteriorados ya no admiten más “parches” y requieren reconstrucción completa. Mientras tanto, los accidentes vinculados a fallas en la infraestructura vial van en aumento, aunque muchas veces no figuran en las estadísticas oficiales.
La falta de planificación a largo plazo, la desinversión y la parálisis del Estado han convertido a la red de rutas nacionales en una bomba de tiempo. Y la advertencia es clara: si no se toman medidas urgentes, el país podría enfrentar una crisis vial con consecuencias trágicas e irreversibles.