El proyecto de Presupuesto 2026 ingresó con una cifra monumental: $92 billones de gasto total previsto y una corrección al alza del 5,7% en las partidas destinadas a Prestaciones Sociales. El Gobierno busca mostrar que, aun en un esquema de fuerte ajuste fiscal, mantiene cierto margen para reforzar el gasto social en un año que volverá a estar marcado por tensiones económicas, caída del ingreso real y disputas legislativas.
En la letra fina, el incremento en Prestaciones Sociales luce más como una actualización mínima que como una política expansiva. En un contexto de inflación todavía elevada, pérdida de poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, y un mercado laboral que no logra recomponerse, el 5,7% aparece como un esfuerzo más simbólico que efectivo. La discusión en el Congreso girará, inevitablemente, sobre si este monto alcanza para contener el impacto social de un programa económico signado por la contracción del gasto y la búsqueda obsesiva del equilibrio fiscal.
El Ejecutivo apuesta a que la señal de responsabilidad presupuestaria sea suficiente para ordenar expectativas en los mercados y sostener la frágil calma financiera. Sin embargo, el debate legislativo abrirá interrogantes sobre prioridades, redistribución interna del gasto y la capacidad del Gobierno para sostener su estrategia sin ampliar partidas en áreas sensibles.
El oficialismo llega a la discusión con el desafío de equilibrar la narrativa del ajuste con la presión política por recomponer ingresos, financiar programas esenciales y evitar un mayor deterioro social. La oposición, por su parte, buscará forzar modificaciones que permitan amortiguar el impacto del programa fiscal sobre los sectores más vulnerables y sobre las provincias, que también miran de cerca cómo se reasignan recursos.
En definitiva, el Presupuesto 2026 exhibe un gasto récord en términos nominales, pero con un margen de maniobra extremadamente acotado. El aumento de Prestaciones Sociales servirá como punto de partida para una discusión que será, más que técnica, profundamente política: qué Estado puede sostenerse en medio de la crisis y quién paga el costo del equilibrio fiscal.