El proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el Gobierno al Congreso mantiene la prohibición de cubrir vacantes en la administración pública nacional por un plazo de dos años, salvo que exista una autorización expresa de la Jefatura de Gabinete. La medida alcanza a los cargos financiados por el Tesoro que hayan quedado descubiertos por renuncias, jubilaciones, fallecimientos u otras causas.
Según el texto, la restricción forma parte del esquema de disciplina fiscal que la Casa Rosada busca sostener durante 2026 para garantizar el cumplimiento de las metas de equilibrio presupuestario. En la práctica, implica que los organismos del Estado no podrán incorporar personal para reemplazar bajas del plantel sin la aprobación directa de la Jefatura de Gabinete, que centralizará las evaluaciones de “necesidad y pertinencia” de cada requerimiento.
El Gobierno argumenta que la medida apunta a “optimizar la dotación de recursos humanos” y evitar un crecimiento del gasto salarial en un año marcado por la continuidad del ajuste. En la administración pública reconocen que la restricción podría generar tensiones en áreas críticas que ya funcionan con dotaciones reducidas, aunque señalan que se admitirán “excepciones justificadas” vinculadas a servicios esenciales.
La prohibición de cubrir vacantes ya regía este año y ahora el Ejecutivo busca extenderla a lo largo de 2026, reforzando el control político sobre el ingreso de personal al Estado y dejando en manos de la Jefatura de Gabinete la decisión final sobre cada movimiento en la planta.