El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, aseguró que su conversación telefónica con un periodista fue intervenida por voces ajenas. Vinculó el episodio a “mafias” que buscan adelantarse a pasos judiciales y anunció que llevará el caso a la Justicia Federal para que se investigue.
El ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, denunció este viernes una presunta escucha ilegal durante una comunicación telefónica con un periodista y pidió la intervención de la Justicia Federal para determinar cómo y por qué se produjo la interferencia. Según el propio ministro, durante la llamada se escucharon en tres oportunidades voces ajenas —un hombre y una mujer— que comentaban la conversación y que motivaron la denuncia.
“Hubo una interferencia en una llamada, pero una llamada es suficiente como para encender la luz de alerta y poner justamente a la justicia en conocimiento”, dijo Quinteros en el reportaje, según la transcripción difundida por medios locales. El ministro afirmó que dará su testimonio ante la Fiscalía y pidió revisar los celulares “para ver si hay algún virus” o “otra circunstancia” que explique la intromisión.
Quinteros descartó, por ahora, que se trate de una operación de los servicios de inteligencia nacionales y puso el foco en bandas organizadas: “Cuando uno pelea contra esta mafia…probablemente les interese saber qué habla un ministro o qué habla un funcionario para poder adelantarse los pasos”, afirmó, aludiendo a organizaciones del crimen con logística y recursos para intervenir comunicaciones.
El ministro también enmarcó el episodio en el contexto de investigaciones y operativos recientes contra estructuras delictivas en la provincia: recordó que en los últimos dos años se hicieron detenciones relevantes y denuncias por tráfico de armas y vínculos con redes criminales —como la detención y la investigación en torno a figuras vinculadas al contrabando de armas y al narcotráfico— que, dijo, explican por qué “a alguien le interese escuchar” a funcionarios. Informes periodísticos recientes recogen la detención en Córdoba de un empresario acusado de vender armas a bandas brasileñas y la extradición y procesos vinculados al capo conocido como “Fito” Macías.
En el reportaje Quinteros también se refirió a medidas operativas locales: detalló que en un procedimiento reciente quedaron secuestrados vehículos, motos y teléfonos celulares, y que en la comisaría 1 —junto a la terminal de ómnibus— se exhiben los aparatos para que sus legítimos dueños los reclamen con la documentación correspondiente.
Qué falta confirmar
— La Justicia Federal será la encargada de determinar si efectivamente hubo una intervención ilegal, quién la ejecutó y con qué mecanismo técnico se realizó (pinchadura de línea, software espía, intermediación por redes móviles, etc.). El ministro anunció que formalizará la denuncia; por el momento no hay en los reportes públicos una comunicación oficial del fuero federal que confirme la apertura de una causa.
— Tampoco hay, hasta ahora, prueba pública pericial que demuestre la existencia de malware o virus en los dispositivos del ministro: Quinteros solicitó que se revise esa posibilidad y la Fiscalía, según el ministro, ya estaría interviniendo. En la investigación serán clave los peritajes técnicos sobre los teléfonos y las redes utilizadas durante la comunicación.
Reacciones y posibles líneas de investigación
Analistas y fuentes judiciales consultadas por medios advierten que las hipótesis a seguir pueden ir desde la acción de bandas delincuenciales con acceso a equipos de intercepción comercial hasta la intervención por parte de agentes fuera de la ley dentro de alguna fuerza o servicio. La pista técnica (cómo entraron las voces en la llamada) será determinante para acotar sospechas. Mientras tanto, el episodio encendió alarmas políticas y mediáticas sobre la seguridad de las comunicaciones de funcionarios públicos.