La reciente decisión de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola de rechazar el pedido de prisión domiciliaria para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa Vialidad, ha desatado una fuerte controversia y críticas por su aparente falta de fundamentos humanitarios y su sesgo político. Esta determinación, que busca que la exmandataria cumpla su condena de seis años en una unidad penitenciaria en lugar de su domicilio, refleja una postura inflexible que ignora tanto la legislación vigente como las circunstancias personales de Fernández de Kirchner.
La solicitud de prisión domiciliaria se basó en argumentos sólidos: Fernández de Kirchner, de 72 años, supera el umbral de edad establecido por la Ley 24.660, que permite este beneficio para mayores de 70 años, y enfrenta riesgos de seguridad debido a su alta exposición pública, agravada por el intento de asesinato que sufrió en 2022. Además, el departamento propuesto en el barrio de Monserrat fue evaluado como apto por un informe socioambiental, confirmando su idoneidad para cumplir la pena. Sin embargo, los fiscales argumentaron que no existen «razones humanitarias» que justifiquen la domiciliaria, desestimando tanto la edad como las cuestiones de seguridad, y proponiendo incluso el uso de una tobillera electrónica, una medida que parece más punitiva que necesaria.
Esta postura de los fiscales no solo contradice precedentes judiciales que han otorgado el beneficio de prisión domiciliaria a personas en situaciones similares, sino que también refuerza las acusaciones de persecución política. Fernández de Kirchner ha denunciado reiteradamente ser víctima de lawfare, una estrategia de hostigamiento judicial para neutralizar opositores políticos, y esta decisión parece avalar dicha narrativa. La insistencia de Luciani y Mola en una detención en una dependencia policial o penitenciaria, incluso temporalmente, sugiere un interés en generar un impacto mediático —la «foto» de la expresidenta detenida— por encima de consideraciones legales o humanitarias.
Además, la actuación de los fiscales ha sido cuestionada por su falta de consistencia. Durante el juicio, su alegato fue criticado por su espectacularidad y por basarse en pruebas débiles, sin documentos que vinculen directamente a Fernández de Kirchner con los delitos imputados. La negativa a conceder la domiciliaria, incluso para un caso como el de Nelson Periotti, de casi 80 años y con problemas de salud, evidencia una postura rígida que parece más orientada a castigar que a impartir justicia.
La decisión, que ahora queda en manos del juez Jorge Gorini y el Tribunal Oral Federal N°2, ha generado una movilización masiva del peronismo y sectores sociales que ven en este proceso un ataque a la democracia. La marcha prevista para acompañar a Fernández de Kirchner a Comodoro Py el 18 de junio refleja el rechazo a lo que muchos consideran un ensañamiento judicial. En este contexto, el gobierno debe garantizar que las decisiones judiciales no se utilicen como herramientas de proscripción política, respetando los derechos de la exmandataria y los principios de un Estado de derecho.
En conclusión, la oposición de los fiscales a la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner carece de fundamento sólido y parece responder a motivaciones extrajudiciales. Urge que el Tribunal actúe con imparcialidad, considerando los derechos de la expresidenta y evitando que la justicia se convierta en un instrumento de persecución. La democracia argentina merece un sistema judicial que priorice la equidad sobre el espectáculo político.