El caso generó un profundo repudio en la opinión pública y encendió las alarmas sobre prácticas de abuso de poder enquistadas en la política local.
La denuncia fue realizada por la propia víctima, quien aseguró que el concejal —cuyo nombre no ha sido oficialmente difundido por razones judiciales— le exigía parte de su salario para no despedirla. Según el testimonio, la mujer habría sido presionada durante meses para entregar una suma fija de dinero, que luego el edil utilizaba en gastos personales. Todo bajo amenaza de quedar desempleada si no accedía.
La presentación judicial incluye mensajes, audios y registros de transferencias bancarias que comprometerían seriamente al funcionario, quien hasta el momento no se pronunció públicamente sobre la acusación. La causa quedó en manos de la fiscalía de Delitos Económicos Complejos de Salta, que ya inició las primeras medidas investigativas.
Desde el Concejo Deliberante, varios ediles expresaron su indignación y exigieron una investigación inmediata. “No vamos a permitir que se utilice el cargo público para cometer este tipo de atropellos. Si se comprueba la denuncia, este concejal debe ser removido de su banca”, señaló una concejala del oficialismo local.
La causa no solo compromete al acusado, sino que vuelve a poner sobre la mesa una práctica tan perversa como extendida: el manejo clientelar de los contratos municipales. En muchas provincias, los cargos públicos siguen siendo moneda de cambio, utilizados como herramienta de presión o enriquecimiento personal.
En este contexto, organizaciones de derechos humanos y agrupaciones feministas salieron a respaldar a la denunciante y a exigir el avance de la Justicia. “Estas situaciones se repiten en silencio porque hay miedo. Por eso es fundamental que este caso no quede impune”, expresó una referente de la organización Ni Una Menos Salta.
El escándalo no solo amenaza con destruir la carrera política del edil, sino que también podría salpicar a otros actores del ámbito municipal si se comprueba que hubo encubrimiento o complicidad. Mientras tanto, la ciudadanía salteña observa con bronca e indignación cómo el poder vuelve a ser utilizado para oprimir, en lugar de servir.