La Cámara Séptima del Crimen de Córdoba y el Fiscal Sergio Ruiz Moreno, (el mismo que tendrá a cargo la acusación en la causa del Neonatal en enero próximo), decidieron, con sigilo, que Lucas Martín Juez, hijo del legislador provincial Daniel Juez, y sobrino del senador Luis Juez, no sea juzgado por el delito de tenencia de estupefaciente (le secuestraron 40 pastillas de éxtasis) aplicando en forma discrecional la figura de “suspensión de juicio a prueba” a cambio de 400 mil pesos de multa y 60 horas de trabajo comunitario en el centro asistencial Ramón Carrillo de la ciudad de Córdoba. Una verdadera “ganga” judicial si tomamos en cuenta la práctica en las causas del fuero antinarcotráfico de Córdoba, donde la suspensión de “juicio a prueba” es casi nula y solo excepcionalmente aplicada en casos de imputadas mujeres, sostén de familia, con hijos a cargo y sin antecedentes penales. De esos requisitos, que en los hechos se aplicaban hasta el momento, Lucas Juez solo reúne el último y apenas formalmente, porque sí estuvo anteriormente detenido e involucrado en un delito de robo pero siendo menor de edad, por lo que no le figura como antecedente (fue por robar una caja registradora en un comercio de Alta Gracia). Sin embargo la jueza Laura Huberman, la Secretaria Paula Borgarello y el fiscal Ruiz Moreno, ampliaron excepcionalmente el criterio judicial hasta hoy sostenido en el fuero provincial confirmando que la “casta” goza de buena salud, al menos en relación a la familia de Luis Juez.
Los privilegios
Lucas Juez gozo de una verdadera cadena de privilegios en esta causa. Uno de ellos fue evitar durante más de tres años la realización del juicio oral y público donde debía responder por el delito de tenencia de drogas. Resulta difícil explicar la demora (fue elevada a juicio el 14 de abril de 2021), tomando en cuenta que los juicios del fuero antinarcotráfico de Córdoba se realizan, en promedio, un año después de las elevaciones a juicio. En este caso llevaba más de tres años “durmiendo” en el despacho de la Cámara Séptima tras haber sido confirmado su requerimiento y finalmente aplicaron un método muy habitual en la Justicia cordobesa: sacaron “el clavo” por arriba y directamente suspendieron el juicio.
El delito
Lucas Juez había sido detenido el sábado 31 de octubre de 2020, en plena pandemia de Covid19, durante un control policial sobre la Ruta Provincial 5, a la altura de Villa del Prado (proximidades de Alta Gracia). Se le secuestraron 40 pastillas de éxtasis. Tras la actuación judicial fue imputado por el entonces fiscal Marcelo Sicardi del Fuero Anti narcotráfico y trasladado a la Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA). Se le atribuyó tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
En aquel momento se produjeron hechos y movimientos que pueden registrarse como el inicio de la cadena de privilegios sobre la que venimos haciendo referencia y que involucra a la Justicia y al Servicio Penitenciario provincial en favor de la familia Juez. Además de dormir y luego suspender el juicio, el día después de la detención le permitieron a Luis Juez el acceso a la UCA para entrevistarse con su sobrino allí alojado cuando aún regían las normas de incomunicación habituales para cualquier detenido. La justificación de Juez es que ingresó como abogado del joven, aunque nunca ejerció efectivamente ese rol según consta en el expediente. Es más, jamás fue designado abogado defensor por su sobrino, un trámite formal inicial en estos casos. Por su parte el Servicio Penitenciario de Córdoba tampoco explicó por qué permitió esa visita ni las condiciones de la misma. Luis Juez apeló a la táctica del ataque como mejor defensa y sostuvo en los medios de prensa que lo de “Lucas fue un desliz” y que “ha sido objeto de una maniobra”. Sin embargo nunca explicó esa declaración genérica. Hubiera sido útil saber quién o quiénes eran los autores de la supuesta maniobra; en qué consistía la misma; y quién había colocado –si es que alguien lo había hecho- una bolsa con 40 pastillas de éxtasis en manos del sobrino.
Pero los privilegios que la Sagrada Familia Judicial cordobesa le regaló al Senador Juez y a su prole en este proceso no se limitan a los ya señalados. Hay más. La Fiscalía Anti narcotráfico le otorgó a Lucas Juez el beneficio de esperar en libertad el resultado de la instrucción de la causa y eventualmente el juicio en su contra. Medida poco habitual en el fuero especializado cordobés donde las decisiones en materia de libertades son cuestionadas precisamente por restrictivas para los detenidos. Hay cientos de aprehendidos en prisión por cantidades muy menores de droga comparado con lo secuestrado a Lucas Juez.
La mentada “mitad de la biblioteca” sobre fundamentos judiciales aplicada al sobrino del senador nacional fue bien garantista, corriente judicial que es duramente fustigada por los sectores políticos con los que Luis Juez se muestra aliado actualmente. Podríamos decir que la decisión se ajusta más al gusto judicial del período ideológico kirchnerista del senador. Una etapa negada, olvidada y odiada con la fe de los conversos.
Un chico con suerte
Hay que agregar además algunos elementos de contexto relacionados con el sobrino beneficiado por la excepcionalidad judicial de la Cámara 7º del Crimen. En primer lugar señalar que Lucas Juez también tuvo “beneficios” en el orden laboral en el Estado nacional. Pese a su corta edad ya fue funcionario del Ministerio de Defensa designado por el entonces ministro Oscar Aguad; también del Consejo de la Magistratura (nombrado en el mismo período que su prima, hija del senador, María Agustina Juez Corte); y finalmente fue parte de la nómina de la Secretaria de Innovación Pública, dependiente del Ministerio de Modernización que durante el gobierno de Mauricio Macri estuvo a cargo de Andrés Ibarra.
Sin haber cumplido entonces los 30 años, Lucas Juez ya había disfrutado del privilegio de tres cargos públicos nacionales. Dejó de aparecer en la lista de haberes liquidados por los gobiernos nacionales aliados a su tío recién después de la detención e imputación por tenencia de drogas para su comercialización en 2020.
Mini Cámara del perdón a control remoto
El anaquel de la biblioteca de la Cámara 7º ofrecerá seguramente argumentos. Dirá, para explicar que demoró tres años la causa sin llevarla a juicio que está sobrecargada de trabajo; que las causas sin presos no son prioridad, y encontrará otros recursos tan creativos como los mencionados. También, respecto de la definitiva suspensión del juicio, argumentará que es un “instituto” contemplado en el código penal y en el código procesal que se aplica en casos específicos que cumplen determinados requisitos. Pero lo real y concreto es que ésa Cámara, regida desde su domicilio y con un goce extraordinario de vacaciones pagas (MÁS de 7 millones de pesos mensuales) por Víctor María Vélez resolvió de manera extraordinaria e inexplicablemente según la práctica judicial una situación que complicaba políticamente al senador Luis Juez y a su familia que debía exponerse a un juicio oral y público por drogas. En los tribunales cordobeses saben que cualquier ciudadano por mucho menos, no sólo ya habría sido juzgado, sino que sería residente obligado en la cárcel de Bouwer. Vélez es uno de los máximos exponente de la casta judicial cordobesa. Varias veces presidente de la Asociación que defiende los derechos de funcionarios judiciales de Córdoba, fue anunciado por el propio Luis Juez como el candidato a hacerse cargo de la Procuración Fiscal de la provincia si era elegido gobernador provincial en 2023. Desde su extensa actividad judicial y sus vínculos políticos ha participado siempre en las cercanías del poder con sus esperados beneficios. Por ejemplo el de las licencias pagas interminables preservando su influencia en las decisiones de la Cámara 7º del Crimen. Su reemplazante y delegada actual es Patricia Soria, funcionaria adscripta al Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), una fundación cuya misión –según su propia presentación- es la de “contribuir a la consolidación y el progresivo fortalecimiento del Estado de Derecho en los países de América Latina y del Caribe”. Probablemente Soria, Huberman, José Luis Cesano (actuales vocales de la Cámara 7ma) y Víctor María Vélez (el verdadero dueño de las decisiones en vacaciones permanentes) consideren que ésta contribución a la tranquilidad de la familia Juez forma parte de esos objetivos, aunque, en principio, tal situación no resulta muy ortodoxa.
[…] judicial que, para algunos funcionarios en Tribunales, es polémico; y para otros, inexplicable: la suspensión del Juicio a Prueba en favor de Lucas Martín Juez, hijo del legislador Daniel Juez y…. ¿Por qué “polémico” o “inexplicable”?. Simplemente porque a Lucas Juez lo detuvieron […]