El proceso de jura de la diputada Daniela Villaverde como senadora volvió a tensar el tablero político del Congreso y abrió un frente inesperado para la conducción parlamentaria. La legisladora, que llegó a la Cámara baja como referente libertaria en la Ciudad, acumula cada vez más rechazos entre bloques que inicialmente habían optado por el silencio. La razón es un combo explosivo: causas judiciales abiertas que la vinculan con estructuras del narcotráfico, denuncias por estafas reiteradas y sospechas sobre el financiamiento de su campaña. El clima, que hasta hace unas semanas parecía encaminado a un trámite administrativo, ahora está bloqueado por un corrimiento generalizado hacia la prudencia y la preservación institucional.
El oficialismo aceleró en las últimas horas su estrategia de contención e impugnó formalmente a los peronistas Martín Soria y Jorge Capitanich, en un intento por equilibrar el costo político ante la posibilidad de dejar afuera a Villaverde. Pero en los pasillos del Senado reconocen que la situación es distinta: mientras las objeciones a Soria y Capitanich se apoyan en criterios políticos y antecedentes de gestión, en el caso de Villaverde pesan pruebas documentales, causas vigentes y cuestionamientos transversales que alcanzan incluso a senadores que, en otros temas, han acompañado al Gobierno.
La presión interna dejó al oficialismo en una posición incómoda: sostener la jura implicaría cargar con el riesgo de blindar a una figura que, según reconocen fuera de micrófono, “tiene demasiada pólvora alrededor”. Permitir que avance la impugnación, en cambio, significaría ceder ante un frente multipartidario que empezó por el peronismo pero que ya incluye radicales, federales y un sector del PRO que no quiere quedar pegado a ningún caso con olor a narcotráfico. En ese escenario, algunos aliados circunstanciales deslizan que la Casa Rosada estudia alternativas para evitar una derrota en el recinto, aunque nadie quiere ser el primero en admitirlo públicamente.
Villaverde sostiene que se trata de una operación política construida para frenar su ascenso y apunta directamente a “los mismos que convivieron con el narco durante años”. Pero su defensa no logró contener el deterioro. Cada nuevo documento que circula en comisiones suma inquietudes y amplía el consenso negativo. A esta altura, la pregunta no es si habrá jura, sino si el oficialismo decidirá postergarla indefinidamente o si buscará un atajo reglamentario para intentar salvarle la banca. Lo que está claro es que el clima en el Senado cambió: Villaverde ya no enfrenta resistencias dispersas, sino un rechazo consistente que amenaza con convertirse en un caso testigo de hasta dónde están dispuestos a avanzar los bloques cuando se sienten convocados a marcar un límite.