En el debate público suele instalarse la idea de que Córdoba es una de las provincias con mayor presión fiscal del país. Sin embargo, los datos muestran otra realidad: Córdoba no lidera el ranking de carga tributaria empresarial ni comercial. De acuerdo con los últimos registros comparativos de alícuotas de Ingresos Brutos, la provincia se encuentra por debajo de jurisdicciones como La Pampa, Santa Fe, Jujuy, La Rioja y Buenos Aires, que aplican niveles impositivos promedio más altos.
A pesar de no ubicarse entre las provincias con mayor presión fiscal, Córdoba mantiene un nivel de obra pública activo, incluso en un contexto nacional de recortes. La continuidad de rutas, infraestructura urbana, mejoras viales y proyectos hidráulicos contrasta con el freno que se observa en otras provincias y en la Nación.
Este dato es relevante porque desmonta una premisa muy repetida en el discurso político: que para sostener obra pública se necesita necesariamente aumentar impuestos. Córdoba demuestra lo contrario: con una estructura tributaria que no figura entre las más elevadas del país, logra sostener programas de inversión que tienen impacto directo en el desarrollo productivo y en la calidad de vida.
Mientras tanto, el Gobierno nacional insiste en el discurso de ajuste, reducción de gasto y eliminación de obra pública como condición para ordenar las cuentas. Sin embargo, la experiencia cordobesa plantea una pregunta que incomoda ese dogma económico:
¿Es realmente inevitable resignar infraestructura para equilibrar las cuentas, o depende de cómo se administran los recursos?
Córdoba exhibe otro camino posible: gestión con inversión, sin trasladar la carga fiscal al límite.
Y el dato es simple pero contundente: no es la provincia que más cobra, pero sí una de las que más construye.