En diciembre de 2022, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el Tribunal Oral Federal 2 en la causa conocida como «Vialidad». La acusación, basada en supuestas irregularidades en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz, señaló que Cristina lideró una asociación ilícita para defraudar al Estado por más de 1.000 millones de dólares. La sentencia, que no está firme y aún debe ser revisada por instancias superiores, fue presentada por el kirchnerismo como un caso de «lawfare», una persecución judicial y mediática orquestada por sectores opositores, especialmente ligados al macrismo. Cristina denunció que los jueces y fiscales actuaron con parcialidad, algunos de los cuales mantenían vínculos con Mauricio Macri, como haber participado en eventos en su quinta.
Por otro lado, un tema que genera indignación en amplios sectores es la falta de condenas a Mauricio Macri y Luis Caputo por la fuga de capitales durante el gobierno de Cambiemos (2015-2019). Según un informe del Banco Central, entre 2015 y 2019 se fugaron más de 86.000 millones de dólares, una cifra que triplicó los niveles de períodos anteriores. Este proceso, conocido como formación de activos externos (FAE), fue liderado por un reducido grupo de 100 agentes que concentraron 24.679 millones de dólares, beneficiándose de la desregulación cambiaria y monetaria impulsada por el macrismo.
Un punto central de las críticas es el préstamo récord de 45.000 millones de dólares otorgado por el FMI en 2018, el mayor en la historia del organismo. Mauricio Macri admitió en 2021 que parte de esos fondos se utilizaron para «pagar a bancos comerciales que se querían ir» por temor al retorno del kirchnerismo, confirmando lo que el Frente de Todos denunciaba: el dinero no se destinó a infraestructura ni desarrollo, sino a financiar la salida de capitales especulativos. Este endeudamiento, que no pasó por el Congreso y violó normativas constitucionales, fue respaldado por Estados Unidos con fines electorales, según declaraciones de Mauricio Claver-Carone, exfuncionario de Trump.
Luis Caputo, ministro de Finanzas y luego presidente del Banco Central durante el macrismo, es señalado como uno de los principales responsables de esta política. Su gestión facilitó la entrada de capitales especulativos y la posterior fuga, mientras que medidas como la emisión de deuda a 100 años y la desregulación del mercado cambiario agravaron la crisis. A pesar de las denuncias, Caputo no enfrentó consecuencias judiciales, y hoy es ministro de Economía bajo el gobierno de Javier Milei, lo que refuerza la percepción de impunidad.
¿Por qué Cristina fue condenada y Macri o Caputo no? La respuesta parece radicar en el control de los resortes judiciales y mediáticos. La causa Vialidad, iniciada en 2008 y elevada a juicio en 2019 durante el gobierno de Macri, avanzó rápidamente con un Poder Judicial influenciado por el macrismo, donde operadores como Fabián «Pepín» Rodríguez Simón, prófugo en Uruguay, jugaron un rol clave. En contraste, las investigaciones sobre la fuga de capitales, como la denuncia presentada en 2022 por referentes kirchneristas, fueron archivadas o absorbidas por la causa del FMI, que sigue sin avances significativos. La Justicia argumentó que no había pruebas suficientes para identificar a los responsables individuales de la fuga, a pesar de los datos del BCRA que muestran una alta concentración de operaciones.
Además, el macrismo contó con una narrativa que justificó la fuga como una consecuencia de políticas económicas legítimas, aunque fallidas, en lugar de un delito. Alegaron que la crisis heredada del kirchnerismo los obligó a tomar medidas extremas, y que la fuga fue una reacción del mercado, no una maniobra orquestada. Esta defensa, sumada a la falta de voluntad política para investigar a fondo, permitió que figuras como Macri y Caputo eludieran responsabilidades.
El contraste entre la condena a Cristina y la impunidad de Macri y Caputo refleja una justicia selectiva, donde los tiempos y las prioridades parecen dictados por intereses políticos. Mientras el kirchnerismo enfrenta un escrutinio implacable, las denuncias contra el macrismo se diluyen, alimentando la percepción de un doble estándar. En un país donde la deuda externa y la fuga de capitales han hipotecado generaciones, la falta de accountability para los responsables de Cambiemos sigue siendo una herida abierta.