La compra de los aviones Super Étendard Modernisé (SEM) durante el gobierno de Mauricio Macri se consolida, con el paso del tiempo, como uno de los casos más emblemáticos de despilfarro en materia de defensa: 13 millones de euros invertidos en aeronaves que nunca cumplieron la función para la que fueron adquiridas y que hoy la Armada Argentina evalúa directamente dar de baja.
En 2018, en la antesala de la cumbre del G20 Buenos Aires 2018, el gobierno anunció la compra a la Marine Nationale de cinco aviones que supuestamente iban a reforzar la capacidad operativa del país. La narrativa oficial hablaba de “recuperar soberanía” y modernizar las Fuerzas Armadas. La realidad fue muy distinta: los aviones llegaron tarde, incompletos y jamás estuvieron en condiciones reales de volar.
El argumento más difundido para justificar el fracaso fue la falta de asientos eyectables, un problema serio pero previsible en cualquier operación de este tipo. Sin embargo, reducir todo a ese punto roza lo absurdo. Con el correr de los años quedó en evidencia que los SEM no solo carecían de componentes críticos, sino que además presentaban limitaciones estructurales propias de aeronaves usadas, con décadas de servicio encima. En otras palabras: Argentina compró material que ya estaba al borde de su vida útil.
Lo más grave no es solo el resultado, sino el proceso. Distintas versiones indican que dentro de la propia fuerza había advertencias técnicas sobre el estado de las aeronaves antes de cerrar la operación. Aun así, la compra avanzó. El apuro por mostrar gestión en el marco del G20 terminó imponiéndose sobre cualquier criterio técnico o estratégico.
Hoy, el desenlace es tan previsible como escandaloso: los aviones nunca operaron, demandaron costos de traslado, almacenamiento y mantenimiento, y ahora podrían ser descartados sin haber despegado una sola vez bajo bandera argentina. Un símbolo perfecto de una política más orientada a la foto que a la planificación real.
Pero hay un dato que completa el cuadro: el silencio. A pesar de la magnitud del gasto y del evidente fracaso, no hubo avances judiciales significativos ni responsabilidades políticas claras. Lo que en otros contextos hubiera derivado en investigaciones profundas, acá quedó diluido entre excusas técnicas y falta de voluntad.
El caso de los Super Étendard no es solo una mala compra. Es la radiografía de cómo se pueden tomar decisiones millonarias sin controles efectivos, sin planificación y sin consecuencias. Y mientras tanto, las Fuerzas Armadas siguen arrastrando carencias reales, esperando inversiones que sí tengan sentido operativo.