El sistema previsional argentino enfrenta un deterioro creciente en su financiamiento. Entre enero y junio de este año, el número de aportantes registrados se redujo en 101.347 personas, según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). A septiembre, el régimen previsional acumula un déficit de $4,5 billones, monto que debe ser cubierto por el Tesoro Nacional y que presiona de forma directa sobre las cuentas fiscales.
A esta situación se suma la pérdida del poder adquisitivo de los haberes. Desde la asunción del presidente Javier Milei, la caída real acumulada ronda el 12%, mientras que en los últimos cuatro años la pérdida asciende al 24%.
Relación aportantes–beneficiarios en niveles críticos
Uno de los indicadores más preocupantes es la relación entre trabajadores activos y titulares de jubilaciones y pensiones. Actualmente, la proporción es de 1,8 aportantes por cada beneficiario, cuando el equilibrio mínimo recomendado es de 3 a 1.
Este desfasaje estructural limita la capacidad del sistema para sostener los haberes e incide directamente en su poder adquisitivo.
Bono congelado y caída del haber real
En septiembre de 2025, el haber medio fue de $675.510. En términos reales, esta cifra implica una caída interanual del 4,9%, y un recorte del 12% desde noviembre de 2023.
La situación es aún más crítica para quienes dependen del bono complementario. El monto máximo de este refuerzo permanece congelado en $70.000 desde marzo de 2024, lo que implicó una reducción efectiva del ingreso para el 52,2% de los beneficiarios del SIPA, aproximadamente 3,2 millones de personas.
El Presupuesto 2026 no prevé actualización del bono, más allá de los ajustes por inflación para los haberes. El objetivo oficial es reducir progresivamente el peso fiscal de este refuerzo.
Fin de la moratoria y menos prestaciones
Tras el veto presidencial a la extensión de la moratoria previsional aprobada por el Congreso, el sistema registró en el tercer trimestre de 2025 una disminución de 22.412 beneficios, el primer retroceso desde el fin del régimen especial dispuesto por la Ley 27.705.
Esto implica que personas próximas a la edad jubilatoria pero sin los 30 años de aportes quedan excluidas de acceder a la prestación.
Reformas en puerta
Frente a este escenario, en el Gobierno reconocen que el orden de avance legislativo será primero la reforma laboral y luego la reforma previsional.
Una frase repetida en despachos oficiales sintetiza la lógica de la secuencia:
“Si no se genera más empleo formal, no hay cómo financiar el sistema”.
En el corto plazo, el panorama es negativo: el aumento de haberes previsto para noviembre, del 2,1%, quedará nuevamente por debajo de la inflación, profundizando la pérdida real de ingresos hacia fin de año.