El presidente Javier Milei ha consumado un nuevo ataque al federalismo argentino al vetar, la ley que regulaba la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias. Esta medida, aprobada por un amplio consenso en el Congreso y respaldada por los 24 gobernadores, buscaba garantizar un reparto justo y transparente de fondos esenciales para enfrentar emergencias y desequilibrios financieros en los distritos. Con este veto, Milei no solo desoye el clamor unificado de las provincias, sino que refuerza un modelo centralista y autoritario que concentra el poder en la Casa Rosada, dejando a las jurisdicciones a merced de la discrecionalidad del Ejecutivo.
Los ATN, establecidos en la Ley de Coparticipación Federal, son un recurso vital para las provincias, destinadas a atender crisis económicas, sociales o naturales. La ley vetada proponía asignarlos según los mismos criterios de coparticipación (56,66% para provincias, 42,34% para la Nación, 1% para ATN), asegurando equidad y previsibilidad. Sin embargo, Milei, con su obsesión por el «equilibrio fiscal» a cualquier costo, ha optado por mantener estos fondos como una herramienta de control político, distribuyéndolos a su antojo o, peor aún, reteniéndolos para asfixiar a las provincias que no se alinean con su proyecto. Esta maniobra no es solo un acto de mezquindad fiscal, sino una afrenta directa al espíritu federal de la Constitución Nacional.
El argumento del Gobierno, que califica a los ATN como un recurso «discrecional» para emergencias excepcionales, es una excusa endeble que oculta su intención de centralizar el poder. Al bloquear una distribución automática, Milei perpetúa un sistema donde las provincias deben mendigar recursos que les corresponden por derecho, mientras el Ejecutivo decide arbitrariamente quién recibe y quién no. Esto no solo profundiza las desigualdades entre distritos, sino que castiga a aquellos gobernadores que, con valentía, han alzado la voz contra las políticas de ajuste salvaje del Gobierno.
Los gobernadores, liderados por el bloque Provincias Unidas, han demostrado una unidad ejemplar al impulsar esta ley, exigiendo reglas claras en un contexto de crisis económica agudizada por las políticas de Milei. Figuras como Gustavo Valdés han denunciado la hipocresía del presidente, quien, tras su derrota electoral en Buenos Aires, llamó al diálogo con las provincias mientras, en paralelo, vetaba una norma crucial para su supervivencia. Este doble discurso evidencia un desprecio absoluto por las necesidades de los ciudadanos fuera del AMBA, que dependen de los gobiernos provinciales para servicios básicos, obra pública y atención de emergencias.
El veto a los ATN, sumado a los recientes vetos a las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica, revela la verdadera cara de un Gobierno que prioriza su dogma libertario por encima del bienestar colectivo. Las provincias, que enfrentan los embates de la inflación, la recesión y la caída de la coparticipación, quedan ahora más vulnerables, forzadas a negociar desde una posición de debilidad con un Ejecutivo que parece disfrutar del conflicto. La esperanza recae ahora en el Congreso, donde el Senado y Diputados podrían rechazar este veto con dos tercios de los votos, restituyendo la ley y defendiendo el federalismo.
Milei, con esta decisión, no solo traiciona a las provincias, sino que dinamita los puentes de diálogo que él mismo propuso tras su reciente revés electoral. Los gobernadores, que representan la diversidad y las necesidades de todo el país, merecen respeto y recursos para gobernar, no un presidente que los trate como súbditos. Este veto no es solo un error político: es un acto de desprecio hacia el interior profundo, que clama por un país verdaderamente federal.