A 21 meses del inicio de la gestión libertaria, la economía argentina acumula un deterioro profundo en su tejido productivo. Un nuevo informe reveló que desde diciembre de 2023 cerraron casi 20 mil empresas y se destruyeron 276 mil puestos de trabajo registrados, una combinación que exhibe un retroceso significativo en la actividad privada.
La radiografía empresarial muestra un derrumbe acelerado: el promedio indica que dejaron de funcionar casi 30 firmas por día, entre pymes, comercios y compañías de servicios. El indicador refleja una “tendencia negativa” persistente, atribuida por especialistas a la caída del consumo, la recesión prolongada, la baja en la inversión y la falta de incentivos para sostener la actividad en un contexto de fuerte retracción.
En paralelo, el mercado laboral no logró amortiguar el impacto. La pérdida de más de un cuarto de millón de empleos formales confirma que el ajuste económico recayó con fuerza sobre el sector privado, que a su vez tuvo que enfrentar costos crecientes, niveles de demanda históricamente deprimidos y un acceso restrictivo al crédito.
Más allá de la volatilidad coyuntural y de las expectativas que abre la discusión sobre reformas estructurales y la aprobación del Presupuesto 2026, la fotografía actual plantea un interrogante claro para el Gobierno: cómo reactivar la actividad sin un entramado empresarial que viene achicándose y sin un mercado laboral capaz de absorber la caída.
Mientras la Casa Rosada insiste en que el orden fiscal será la condición innegociable para iniciar una etapa de crecimiento, los números del último año y medio muestran un deterioro que amenaza con dejar una cicatriz más profunda que la prevista.