La organización Inquilinos Agrupados dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional Inquilina correspondiente a ese mes, un relevamiento realizado en conjunto con el colectivo Ni Una Menos que pone en evidencia la creciente precariedad económica y habitacional que enfrentan los inquilinos en Argentina. Bajo el título «¿Cómo estamos a 18 meses del gobierno que derogó la Ley de Alquileres?», el informe expone datos alarmantes sobre el impacto de la desregulación del mercado inmobiliario tras la implementación del Decreto 70/2023, impulsado por el gobierno de Javier Milei.
Desalojo económico en ascenso
Uno de los hallazgos más preocupantes del estudio es el aumento del denominado «desalojo económico». Según la encuesta, el 30% de los inquilinos encuestados tuvo que abandonar su vivienda en los últimos meses por no poder hacer frente a los incrementos en el costo del alquiler. Este porcentaje marca un incremento respecto al 25% registrado en diciembre de 2024, lo que refleja una profundización de la crisis habitacional en el país. La falta de un marco regulatorio, eliminada con la derogación de la Ley de Alquileres, ha dejado a los inquilinos a merced de las condiciones impuestas por propietarios y el mercado inmobiliario.
Un gasto que asfixia
El informe también detalla que, en promedio, los hogares inquilinos destinan el 44,5% de sus ingresos al pago del alquiler y las expensas, sin incluir impuestos ni servicios públicos. Esta cifra, que ya había alcanzado niveles críticos en relevamientos anteriores, se agrava en los contratos firmados tras el DNU 70/2023, donde el gasto asciende al 48% de los ingresos. La combinación de aumentos frecuentes —el 91,5% de los contratos nuevos tienen actualizaciones trimestrales o mensuales— y la falta de indexación a los salarios ha generado una carga insostenible para las familias argentinas.
Contratos cortos y endeudamiento
Otro dato significativo es la tendencia hacia contratos de alquiler de corta duración. Solo el 10% de los inquilinos encuestados cuenta con las condiciones establecidas por la derogada Ley de Alquileres (plazo de tres años y actualización anual por el Índice de Contratos de Locación). En contraste, el 41% de los nuevos contratos tiene una duración menor a un año, lo que incrementa la inestabilidad habitacional. A esto se suma que el 60,1% de los hogares inquilinos reporta tener deudas, un reflejo de la necesidad de recurrir a préstamos para costear la vivienda.
Percepción de un futuro incierto
La encuesta también indagó sobre las expectativas de los inquilinos. Un abrumador 88% considera que enfrentará dificultades para pagar el alquiler en los próximos meses, lo que evidencia un clima de incertidumbre y desconfianza. Además, el 97,8% de los encuestados cree que el DNU 70/2023 beneficia exclusivamente a propietarios y al mercado inmobiliario, dejando desprotegidos a quienes alquilan.
Una muestra representativa
El relevamiento, que obtuvo más de 2.500 respuestas de inquilinos de todo el país, abordó aspectos clave como ingresos, montos de alquiler, frecuencia de actualización de precios, duración de los contratos y nivel de endeudamiento. Los resultados confirman una tendencia observada en informes previos de 2024: la desregulación ha disparado los costos de los alquileres, reducido los plazos contractuales y empujado a muchos hogares a una situación de vulnerabilidad extrema.
Voces que reclaman soluciones
Gervasio Muñoz, presidente de Inquilinos Agrupados, señaló que «la desregulación le entregó al mercado inmobiliario la posibilidad de fijar las reglas, sin ningún tipo de negociación». En este contexto, la organización insiste en la necesidad de políticas públicas que restituyan el acceso a la vivienda como un derecho, en lugar de un privilegio sujeto a la especulación. «Mientras el gobierno avanza en beneficiar la rentabilidad del sector inmobiliario, millones de inquilinos enfrentan una crisis sin precedentes», afirmó Muñoz.
Un llamado a la reflexión
A 18 meses de la llegada de Milei al poder, la Encuesta Nacional Inquilina de marzo de 2025 pone números a una realidad que afecta a millones de argentinos: la vivienda se ha convertido en un lujo inalcanzable para muchos. Con un mercado desregulado y una inflación que no cede, la pregunta que queda en el aire es cuánto más podrá resistir este sector antes de que la situación se torne insostenible. Por ahora, los datos son claros: la crisis habitacional no solo persiste, sino que se agrava día a día.