El dato de inflación del 3,4% volvió a encender las alarmas y dejó al descubierto una realidad que el Gobierno intenta maquillar: la desaceleración de precios es, en el mejor de los casos, frágil y volátil.
Tras semanas de instalar la idea de que la inflación estaba “domada”, el nuevo índice rompe ese relato. No solo porque implica una aceleración respecto a meses anteriores, sino porque confirma que los factores estructurales —tarifas, alimentos y presión cambiaria— siguen plenamente activos. El bolsillo no encuentra alivio y la expectativa de una baja sostenida empieza a desdibujarse.
El impacto es directo. En términos reales, un 3,4% mensual implica una inflación anualizada que sigue siendo extremadamente alta, lejos de cualquier escenario de estabilidad. A esto se suma un problema central: la pérdida de credibilidad. Cuando las proyecciones oficiales fallan de manera sistemática, el mercado ajusta por desconfianza, y eso termina retroalimentando la inercia inflacionaria.
El Gobierno de Javier Milei había apostado fuerte a mostrar una rápida baja de la inflación como principal activo político. Sin embargo, los datos empiezan a jugar en contra. El propio equipo económico, encabezado por Luis Caputo, había deslizado que el proceso de desinflación sería más pronunciado en este tramo del año. La realidad, otra vez, marca un ritmo distinto.
Además, el 3,4% llega en un contexto social cada vez más tenso. La caída del consumo, la pérdida del poder adquisitivo y el freno en la actividad configuran un escenario donde la inflación no solo es un problema económico, sino también político. Cada décima que no baja se traduce en mayor desgaste para la gestión.
Lejos de consolidarse una tendencia descendente clara, el dato abre interrogantes: ¿se trata de un rebote puntual o del inicio de una nueva meseta inflacionaria? Por ahora, lo único evidente es que la batalla contra la inflación está lejos de ganarse y que los anuncios optimistas chocan, una vez más, contra la crudeza de los números.