El Gobierno nacional autorizó el envío de $220.000 millones a la provincia de Entre Ríos para que pueda afrontar compromisos urgentes de fin de año, entre ellos el pago de aguinaldos y vencimientos de deuda. La asistencia fue instrumentada a través de un adelanto financiero que deberá ser devuelto con intereses, descontándose de los fondos que la provincia reciba durante 2026 por coparticipación federal.
La medida representa un alivio inmediato para la administración que encabeza el gobernador Rogelio Frigerio, que venía atravesando serias dificultades de liquidez en el cierre del ejercicio. Aunque desde la Casa Rosada se remarca que no se trata de un auxilio gratuito, el gesto político no pasa desapercibido: el presidente Javier Milei habilitó la ayuda en un contexto de fuerte ajuste fiscal y con un discurso público que rechaza los rescates discrecionales a las provincias.
Se trata de la segunda vez en lo que va de 2025 que una provincia accede a un adelanto financiero de urgencia mediante fondos de la coparticipación. En marzo pasado, el beneficiario había sido Chaco, la otra provincia con gobernador libertario y antiestado, que recurrió a la Nación para poder cumplir con compromisos de deuda inminentes.
Desde el Gobierno nacional insisten en que estos mecanismos no implican un aumento del gasto ni un quiebre del equilibrio fiscal, ya que los recursos serán recuperados por el Estado nacional a lo largo del próximo año. Sin embargo, el uso de adelantos de coparticipación vuelve a poner en evidencia la fragilidad financiera de varias provincias y la dificultad para sostener el funcionamiento básico sin asistencia extraordinaria.
Para Entre Ríos, el giro permite ganar aire en un momento clave, pero también compromete ingresos futuros, profundizando la dependencia de la Nación en un escenario económico aún marcado por la recesión y la caída de recursos.