Gregorio Dalbón volvió a encender el escenario político al apuntar de manera directa contra Javier Milei y su hermana Karina, luego de que la Justicia citara a indagatoria al ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en el marco de la causa por presuntas coimas en la compra de medicamentos. La escalada verbal del abogado, ligado históricamente a Cristina Kirchner, se produce en paralelo a un avance judicial que ya derivó en allanamientos, secuestro de dispositivos electrónicos y una investigación que hoy rodea al círculo íntimo del presidente.
Dalbón denunció penalmente a Milei, a su hermana, a Spagnuolo y a dirigentes cercanos al oficialismo por supuesta asociación ilícita, cohecho y administración fraudulenta. Según él, los audios filtrados del ex titular de ANDIS configuran un circuito de retornos que comprometería directamente a la secretaria general de la Presidencia. A partir de ese punto, el abogado adoptó una postura confrontativa que extendió la disputa desde los tribunales hacia el terreno político, con declaraciones que, para el oficialismo, rozan la intimidación pública.
En varias entrevistas, Dalbón sostuvo que la magnitud del caso es comparable a un “Watergate” argentino y advirtió que, si la investigación se profundiza, podría derivar en un juicio político contra el presidente. Esa frase marcó un punto de quiebre: la denuncia dejó de ser simplemente un expediente y pasó a ocupar el centro de la escena nacional, con impacto directo en la estabilidad del gobierno. Desde la Casa Rosada respondieron acusando al kirchnerismo de montar una operación para “sembrar el caos”, pero el movimiento defensivo no logró desactivar la tensión institucional que ya se instaló.
La citación a Spagnuolo funciona como un primer paso relevante para la Justicia, que ahora deberá determinar si los audios y los documentos recopilados confirman el esquema de sobornos que describe la denuncia. Para Dalbón, los elementos que se están recolectando “abrazarán a todo el poder real” y demostrarán la existencia de una organización delictiva dentro del propio Estado. En esa narrativa, el abogado no solo actúa como denunciante sino como protagonista político de una causa que podría modificar el escenario de poder del país.
El gobierno enfrenta así uno de los momentos más delicados de su gestión. La figura de Karina Milei, eje del dispositivo político y administrativo del presidente, quedó en el centro de la controversia. Y la oposición ve en este caso la posibilidad de desgastar el relato anticasta que sostiene Milei desde su llegada al poder. Todo dependerá ahora de la velocidad y profundidad con la que avance la investigación judicial.
Para Dalbón, la ofensiva recién empieza. Para el gobierno, es una embestida política disfrazada de denuncia penal. Para la Justicia, un rompecabezas que deberá resolver en medio de la mayor presión pública y mediática del año. El ruido crece y los efectos todavía son imprevisibles, pero el mensaje ya quedó claro: la causa ANDIS dejó de ser un episodio aislado y se convirtió en un conflicto que amenaza con atravesar de punta a punta a la administración libertaria.