La crisis que atraviesa IOSFA dejó de ser un problema administrativo para convertirse en una amenaza directa sobre miles de afiliados que, en su enorme mayoría, votaron a Javier Milei con la expectativa de un Estado más eficiente y un sistema de salud ordenado. Hoy son justamente ellos quienes se encuentran al borde de perder su cobertura, atrapados en una deuda que ya supera los 200.000 millones de pesos y un gobierno que, lejos de dar respuestas, avanza hacia una fragmentación que promete agravar el escenario.
El deterioro del servicio es evidente: prestaciones suspendidas, reintegros demorados, demoras para acceder a especialidades básicas y cortes en la provisión de medicamentos, incluso para tratamientos crónicos y oncológicos. En muchos distritos, los afiliados deben recurrir a sistemas paralelos o pagar de su bolsillo lo que antes cubría la obra social. La crisis no es nueva, pero se profundizó durante la actual gestión, que no logró —o no quiso— evitar que el instituto se siguiera hundiendo.
La renuncia del último titular del organismo, tras apenas siete meses en el cargo, expuso el descalabro. El pasivo heredado superaba ampliamente los 160.000 millones de pesos y crecía mes a mes. La conducción política del área no dio explicación alguna, más que señalar “problemas estructurales” y responsabilizar a gestiones anteriores, sin asumir los desajustes provocados por la propia administración.
Ahora, ante el colapso financiero, el Gobierno impulsa una maniobra que busca dividir IOSFA: dejar por un lado a las Fuerzas Armadas y por el otro a Gendarmería y Prefectura, cada una con su propio sistema. Presentan la idea como una solución moderna, pero en la práctica significa romper un esquema solidario para distribuir pérdidas, encarecer costos y aislar a los sectores con menor capacidad de aporte. Es una reforma que nace de la urgencia, no de una planificación seria.
Lo llamativo —y para muchos, imperdonable— es el contraste con la retórica del oficialismo. Mientras repiten que la “casta” debe pagar los costos del ajuste, los primeros sacrificados terminan siendo trabajadores estatales uniformados, jubilados militares y sus familias, que durante la campaña respaldaron masivamente al Presidente. Promesas de eficiencia, orden y racionalidad terminaron en un sistema quebrado, con prestaciones recortadas y sin horizonte de recuperación.
El malestar dentro de las fuerzas ya es palpable. Muchos sienten que el gobierno al que apoyaron ahora les da la espalda y los convierte en variable de ajuste. Y lo que en principio parecía una reestructuración administrativa, hoy se percibe como una ruptura deliberada del sistema para licuar responsabilidades y trasladar el costo del desastre a los afiliados.
La paradoja es contundente: quienes pusieron su confianza en Milei son los que ahora quedan más expuestos. Si la división avanza, no solo perderán una obra social que lleva décadas de historia; también se llevará puesta la credibilidad política de un gobierno que prometió cambiarlo todo, pero que —en este caso— no cambió nada para mejor.