La inflación sigue siendo uno de los principales problemas de la economía argentina y los datos de febrero vuelven a encender señales de alarma. Mientras el gobierno de Javier Milei insiste en destacar la estabilidad macroeconómica y el equilibrio fiscal como los pilares de su programa económico, la realidad cotidiana de millones de hogares muestra que la presión sobre los precios —especialmente en alimentos— continúa deteriorando el poder adquisitivo.
Un informe del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE) estimó que la inflación de febrero alcanzó el 3,1%. El cálculo fue realizado utilizando tanto la metodología vigente del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2004/05, como la actualización metodológica propuesta posteriormente por el propio organismo. En ambos casos el resultado fue prácticamente idéntico, con una variación cercana al 3% mensual.
El dato consolida un problema estructural: la inflación parece haber encontrado un piso difícil de perforar por debajo del 2% mensual. Con estos números, el primer bimestre de 2026 acumula una suba de precios de 5,7%, lo que vuelve extremadamente difícil cumplir con el objetivo oficial de una inflación anual cercana al 10%, tal como fue proyectado en el Presupuesto Nacional.
El principal motor inflacionario volvió a ser el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas, que registró un aumento mensual de 4,2%. Dentro de ese grupo se destacaron fuertes incrementos en productos básicos de la mesa de los argentinos. La carne vacuna lideró las subas con un salto del 19%, seguida por los aceites con un 8%, los lácteos con un 7% y las frutas y verduras de estación con un aumento del 6%.
Pero la presión inflacionaria no se limitó a los alimentos. Los aumentos también se registraron en áreas sensibles como vivienda, educación, salud y bienes y servicios varios, lo que refleja un proceso inflacionario extendido y generalizado en la economía.
Esta dinámica impacta directamente en las condiciones sociales. Según las estimaciones del IETSE, la línea de pobreza para una familia tipo en febrero se ubicó en 1.770.383 pesos mensuales, mientras que la línea de indigencia alcanzó los 973.373 pesos. En un contexto de ingresos que corren por detrás de los precios, cada vez más hogares tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas.
Los indicadores de seguridad alimentaria muestran un deterioro preocupante. El 57% de los hogares no logró cubrir la totalidad de la canasta básica alimentaria durante el mes. Entre quienes sí pudieron hacerlo, más del 71% necesitó algún tipo de asistencia estatal para alcanzar ese objetivo.
Además, el 11,3% de las familias redujo su alimentación diaria a una sola comida o atravesó episodios de hambre, mientras que el 31,5% declaró haber experimentado hambre no satisfecha. Más de la mitad de los hogares (52,3%) reconoció haber reducido la cantidad de comidas diarias, priorizando la eliminación de la cena como estrategia para sostener el presupuesto familiar.
Otro dato que refleja la gravedad de la situación es el nivel de endeudamiento para poder comer. El 87,8% de los hogares financió la compra de alimentos mediante crédito, compras fiadas o préstamos, una señal de la fragilidad económica que atraviesan amplios sectores de la sociedad.
La debilidad del consumo también se refleja en la actividad comercial. El comercio minorista de alimentos registró en febrero una caída interanual del 8,4% en volumen de ventas. Es decir, aunque los precios suben, se venden menos productos, lo que confirma que el deterioro del poder adquisitivo está frenando la demanda interna.
El escenario que describen estos datos plantea un desafío político y económico para el gobierno. El programa oficial apunta a consolidar el equilibrio fiscal, reducir la intervención estatal y avanzar con reformas estructurales orientadas a la apertura económica. Sin embargo, los indicadores sociales muestran que el ajuste está teniendo un fuerte impacto en el tejido social.
La estabilización macroeconómica sigue siendo un objetivo central para cualquier estrategia económica sostenible. Pero los números de inflación, pobreza y seguridad alimentaria evidencian que el costo social del proceso es cada vez más visible y que la recuperación del ingreso real aparece como una condición imprescindible para evitar que la estabilización económica se construya sobre un deterioro profundo del bienestar de la población.