La suspención del juicio a prueba o «probation» está de moda en la Justicia cordobesa. No al alcance de todos, pero sí de algunos sectores de «la casta» política. Hace algunas semanas semanas el beneficiado fue el «clan» Luis Juez. El sobrino del Senador Nacional, Lucas Juez, hijo del legislador Daniel, fue inexplicablemente (desde lo jurídico), favorecido con el pago de una multa de 400 mil pesos y dos días semanales de trabajos comunitarios a cambio de no ser llevado a juicio por tenencia de drogas (40 pastillas de éxtasis que no eran para consumo según su propio testimonio). Ahora los premiados son los imputados por una megaestafa a la Cooperativa de Servicios Públicos de Quilino. Entre ellos, Cecilia Carrizo, la hermana de la diputada nacional por la UCR, Soledad Carrizo, Roque Rivero, expresidente de la cooperativa y ex intendente; Oscar Martínez, exvicepresidente de la entidad; Marcos Delgado personal de la cooperativa y José Figueroa, exsecretario y expresidente de la cooperativa. En definitiva, la plana mayor de lo que en Quilino se conoce como la estructura política del radicalismo.
Según la información judicial, el acuerdo para convalidar la suspención del juicio tiene el aval del Ministerio Público Fiscal a través del Fiscal de Cámara Marcelo Sicardi, quien se encuentra subrogando a la titular del despacho de procuración de la Cámara Novena, Mercedes Balestrini, abocada al juicio por la muerte de niños recién nacidos en el Hospital Neonatal de Córdoba.
La causa se inició por delitos de defraudación por administración fraudulenta que habrían sido cometidos entre los años 2013 y 2017, y fue elevada a juicio en 2018 por la Fiscalía de Deán Funes. Después de seis años de «dormir» por diversas razones, entre otras por la inhibición de los vocales de la Cámara del Crimen de Deán Funes, el expediente recayó en la sede de la Cámara Novena de Córdoba integrada por Martín Bertone, Roberto Cornejo y Gustavo Rodriguez Fernández. Ellos podrían convalidar el (¿otra vez inexplicable?) acuerdo, medida que, aseguran, aún está en estudio.
Si ello ocurre, toda la instrucción – y los costos que suponen años de trabajo judicial- irán a parar a la basura. No se determinará si hubo responsabilidades penales, y no habrá penas. Sí olvido. Esto a cambio de una reparación económica.
Para el sentido común, esos hechos y sus resoluciones implican un mensaje claro de la Justicia provincial: podés traficar 40 pastillas de éxtasis por las rutas y admitir que no son para tu consumo (¿para qué las llevaría entonces?); podés estafar en una cifra millonaría a la sociedad (se calcula que la administración fraudulenta en la Cooperativa de Quilino alcanzó los 11 millones de pesos a valor de 2018). Si tenés cómo pagar una multa no recibirás condena. Esto, de acuerdo a los casos hasta ahora conocidos, siempre y cuando seas sobrino de Luis Juez o hermana de Soledad Carrizo. Sí, los mismos «cambiemistas» y «libertarios» que pontifican críticas para todos y soluciones facilongas en los medios de comunicación. Los mismos que sin pestañear se autoproclaman probos y honestos.
Y lo más curioso es que nadie, en la política, los observe.