Los llamados “Principios de ULLA” —la agrupación universitaria alineada con Javier Milei— pretenden presentarse como una declaración de valores basada en la meritocracia, la transparencia y la despolitización de la universidad. Sin embargo, detrás de ese discurso grandilocuente se esconde una contradicción cada vez más evidente: quienes levantan la bandera del mérito son, muchas veces, los mismos que construyen poder a partir de relaciones personales, favoritismos y estructuras familiares dentro del Estado.
El tercer punto del documento habla de “defender un sistema basado en la meritocracia, donde el talento y el esfuerzo sean los únicos criterios de éxito”. Pero basta mirar la propia composición del espacio político para advertir que esa consigna funciona más como slogan que como práctica real.
En el Congreso nacional, varias figuras de La Libertad Avanza llegaron a sus bancas más por su cercanía con el liderazgo que por trayectorias destacadas en la gestión pública o el desarrollo académico. El caso más evidente es el de Lilia Lemoine, una influencer convertida en diputada nacional cuya actividad legislativa se ha caracterizado más por polémicas mediáticas que por la elaboración de proyectos relevantes.
La lista no termina ahí. Dentro del bloque libertario también aparecen legisladoras cuya presencia pública y producción parlamentaria resultan difíciles de identificar para la mayoría de los ciudadanos. La meritocracia que predican parece transformarse en una lógica de lealtades personales: quien está cerca del liderazgo, avanza; quien no, queda afuera.
La contradicción se vuelve aún más evidente cuando se observa el armado territorial del espacio. En Córdoba, por ejemplo, el discurso libertario convive con estructuras políticas tradicionales que llevan décadas viviendo del Estado. El caso más emblemático es el del senador Luis Juez, cuya familia ha ocupado distintos cargos públicos a lo largo de los años, reproduciendo una lógica de poder que difícilmente pueda asociarse con la idea de “competencia meritocrática”.
Así, mientras desde las agrupaciones universitarias se habla de “despolitizar la universidad” y de terminar con los privilegios, el propio espacio político que las impulsa reproduce dinámicas muy similares a las que dice combatir: figuras elegidas por cercanía política, estructuras familiares dentro del Estado y una narrativa épica que oculta la falta de coherencia entre discurso y práctica.
En ese contexto, el sexto punto de los “Principios de ULLA” termina revelando la verdadera naturaleza del documento. Allí se afirma que lo más importante es “ser leales al proyecto de Javier Milei”. La frase no habla de pensamiento crítico ni de excelencia académica. Habla de obediencia política.
Y esa es, quizás, la mayor contradicción de todas: una agrupación que dice defender la libertad intelectual, pero que coloca la lealtad a un líder por encima del debate, la diversidad de ideas y, paradójicamente, del propio mérito que dice defender.