La crisis sanitaria que atraviesan hoy miles de militares y sus familias expone uno de los fracasos más silenciosos —y más graves— de la política de defensa del gobierno nacional. La disolución del histórico sistema de salud de las Fuerzas Armadas y su reemplazo por la nueva OSFA no resolvió los problemas estructurales: los profundizó. Detrás del cambio de nombre, lo que hay es un sistema prácticamente paralizado, con prestaciones cortadas, prestadores que abandonan el convenio y miles de afiliados que pagan todos los meses sin recibir atención.
Según reveló una investigación en numerosas ciudades donde existen bases militares directamente no hay cobertura médica. En Mar del Plata, Trelew, Bahía Blanca, Tucumán y varias provincias del norte, los afiliados denuncian que los prestadores dejaron de atender por falta de pago. En algunos casos, la situación lleva meses: solo en Mar del Plata hay cerca de 20.000 afiliados sin cobertura efectiva mientras continúan pagando su aporte obligatorio.
La crisis no apareció de la nada. Tiene responsables políticos concretos y decisiones de gestión que terminaron empujando al sistema a un punto crítico.
La herencia de Petri: una deuda explosiva
Gran parte del deterioro del antiguo IOSFA se produjo durante la gestión del ex ministro de Defensa Luis Petri. Auditorías internas revelaron que en apenas un año la deuda de la obra social se disparó desde aproximadamente 44.000 millones de pesos hasta más de 210.000 millones, un crecimiento que incluso dentro del propio organismo fue considerado exponencial.
Ese agujero financiero provocó la caída masiva de prestadores médicos en todo el país. Clínicas, sanatorios y laboratorios comenzaron a cortar servicios ante los atrasos en los pagos, mientras se acumulaban deudas por internaciones, medicamentos y honorarios profesionales.
El colapso fue tal que el gobierno terminó optando por una salida administrativa: disolver el IOSFA y crear nuevas estructuras, entre ellas la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA). Sin embargo, el problema central —la deuda y la pérdida de prestadores— no desapareció con el cambio institucional.
Presti y la continuidad del deterioro
La gestión posterior, bajo la órbita del Ministerio de Defensa conducido por Carlos Presti, tampoco logró revertir la crisis. El proceso de transición hacia la nueva OSFA se inició con una deuda cercana a 200.000 millones de pesos y con un sistema de prestaciones ya gravemente deteriorado.
En la práctica, la reestructuración terminó generando un período de limbo administrativo en el que la obra social anterior dejó de funcionar plenamente mientras la nueva estructura aún no estaba operativa. El resultado fue un escenario absurdo: afiliados que siguen aportando todos los meses pero que, en muchas zonas del país, no tienen a quién acudir cuando necesitan atención médica.
Bases militares sin cobertura
La gravedad del problema se vuelve más evidente cuando se observan las zonas afectadas. Muchas de las ciudades donde hoy faltan prestadores médicos son justamente aquellas donde se concentran bases militares o unidades operativas.
Esto significa que personal en actividad —que cumple funciones estratégicas para el Estado— se encuentra sin cobertura sanitaria efectiva para ellos y sus familias. La situación golpea especialmente a suboficiales y personal de menor rango, cuyos salarios ya están fuertemente deteriorados.
En el interior del país, el relato se repite: farmacias que dejaron de aceptar la obra social, clínicas que suspendieron cirugías programadas y médicos que dejaron de atender afiliados porque los pagos nunca llegan.
Silencio y presiones internas
Pero quizás el aspecto más preocupante del conflicto sea el clima de silencio que rodea la crisis. Diversas fuentes dentro de las Fuerzas Armadas señalan que existe una fuerte presión interna para evitar denuncias judiciales o reclamos colectivos.
El argumento que circula entre los mandos es que cualquier conflicto público podría “dañar la imagen institucional” o generar problemas políticos con el Ministerio de Defensa. En la práctica, esto termina funcionando como un mecanismo de disciplinamiento: muchos efectivos prefieren no iniciar acciones legales por miedo a represalias administrativas o frenos en sus carreras.
La paradoja es evidente. Las Fuerzas Armadas, que dependen de la disciplina y la cadena de mando, terminan siendo uno de los sectores más vulnerables cuando el propio Estado incumple con un derecho básico como la cobertura de salud.
Una deuda política con los militares
El desastre de la obra social militar revela una contradicción profunda del discurso oficial. Mientras el gobierno reivindica públicamente a las Fuerzas Armadas y busca reposicionarlas políticamente, en la práctica miles de militares y retirados enfrentan un sistema sanitario colapsado.
La gestión de Petri dejó una estructura financieramente devastada. La conducción posterior no logró reconstruirla y el experimento administrativo de reemplazar IOSFA por OSFA terminó generando más incertidumbre que soluciones.
En el medio quedaron más de medio millón de afiliados —militares en actividad, retirados y sus familias— que siguen pagando una obra social que, en muchas partes del país, simplemente dejó de existir.
Y ese abandono, silencioso pero profundo, empieza a erosionar algo más que un sistema de salud: empieza a erosionar la confianza de los propios militares en el Estado al que sirven.