La tensión política volvió a escalar en torno al decreto con el que Javier Milei reformó la Ley de Inteligencia. Una veintena de organizaciones de derechos humanos presentó este lunes un pedido formal al Congreso para derogar el DNU que habilita a la SIDE a detener personas, una modificación que calificaron como un “retroceso grave” en materia de garantías democráticas.
Según advirtieron, la reforma firmada por Milei el 31 de diciembre debilita los controles civiles sobre los servicios de inteligencia, amplía sus facultades operativas sin supervisión y reabre prácticas propias de otras épocas. “Otorgar potestades de detención a organismos de inteligencia es incompatible con un sistema republicano”, señalaron en el documento ingresado en el Parlamento.
Las organizaciones recordaron que la Ley de Inteligencia fue diseñada precisamente para evitar que los servicios actúen como fuerzas de seguridad, después de décadas de abusos y espionaje político. Por eso calificaron el DNU como una “alteración sustancial del orden legal” y reclamaron a diputados y senadores que lo rechacen de manera urgente.
El pedido se suma a las críticas de juristas y especialistas en derechos humanos, que vienen alertando que el decreto no solo se excede en facultades, sino que instala un escenario de vigilancia y persecución con margen para interpretaciones amplias y discrecionales. Mientras tanto, en el Gobierno defienden la medida como una herramienta necesaria para “modernizar” el sistema de inteligencia.
El debate ahora queda en manos del Congreso, que deberá decidir si convalida o entierra un DNU que ya generó alarma dentro y fuera del ámbito político.