En una señal política clara hacia la Casa Rosada, las dos ramas de la CTA —la de los Trabajadores y la Autónoma— confluyeron con el kirchnerismo en Diputados para coordinar un frente común contra la reforma laboral impulsada por Javier Milei. Hugo Yasky, Hugo “Cachorro” Godoy y una delegación de dirigentes sindicales fueron recibidos por Germán Martínez, Cecilia Moreau y Paula Penacca, quienes ratificaron que Unión por la Patria no dará ningún aval a lo que definen como un “plan de demolición de derechos”.
El encuentro buscó afianzar una estrategia conjunta de cara al debate legislativo que el Gobierno pretende acelerar. Para los sindicatos, la reforma es una avanzada “antisalarial y precarizadora”, que profundiza la flexibilización ya contenida en los DNU y que apunta a desarmar conquistas históricas del movimiento obrero. Para el kirchnerismo, además, el paquete laboral forma parte del corazón del proyecto mileísta: “disciplinar” el mercado de trabajo, debilitar a los gremios y reconfigurar la relación entre el Estado y los sectores organizados.
En la reunión se evaluó el escenario parlamentario, los votos posibles y la presión que empezaron a recibir algunos bloques dialoguistas. También se discutió cómo sostener la calle mientras se desarrolle el debate en el Congreso. Las CTA anticiparon que impulsarán una “resistencia sostenida”, con movilizaciones, plenarios y articulación con otros sectores sociales que ya sienten el impacto del ajuste.
La foto del sindicalismo con el bloque kirchnerista funciona además como un mensaje interno hacia la CGT, que todavía oscila entre la negociación fragmentada y la confrontación abierta. En este caso, las CTA enfatizaron que cualquier intento de reforma que recorte indemnizaciones, habilite contratos precarios o limite la actividad gremial será enfrentado de manera coordinada.
Mientras Milei insiste en acelerar reformas estructurales para mostrar resultados económicos, del otro lado se consolida una alianza que busca frenar la ley en el Congreso y en la calle. El conflicto político por la reforma laboral ya salió del plano técnico y se instaló como una disputa de poder entre el Gobierno y el sindicalismo, con el kirchnerismo decidido a capitalizar ese malestar.