La Justicia de Córdoba parece haber inaugurado un fuero especial para los casos de tratamiento «entre gallos y medianoche.» El primero, al menos entre los que se conocen, fue para beneficiar al sobrino del senador Luis Juez. Matías Juez, hijo del legislador Daniel, se libró de responder ante un tribunal por el delito de tenencia de estupefacientes (30 pastillas de extásis) que le fueron encontradas en un control policial. Luego se supo del pedido de Maria Cecilia Carrizo, la hermana de la diputada Soledad Carrizo, quien busca eludir el juicio por la megaestafa y administración fraudulenta contra la cooperativa de servicios públicos de Quilino. Ahora se conoce la solicitud de Walter Nostrala, Presidente del bloque juecista en la Legisaltura Provincial, que pretende esquivar el banquillo en una causa por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público del año 2008.
Todos encontraron en este mecanismo la posibilidad de evitar que un tribunal decida sobre sus responsabilidades. La Justicia les ofrece, gentilmente y en silencio, la herramienta mágica: «suspención de juicio a prueba», o «probation», figura cuyo espíritu es de aplicación excepcional y que, en Córdoba, se ha transformado en la llave que permite a la «casta» evadir los procesos en su contra.
Nostrala, histórico ladero de Luis Juez (hizo todo el periplo desde el kirchnerismo hasta la filas libertarias de Milei acompañando al Senador, y en el momento de la denuncia era funcionario de Daniel Giacomino), junto a Guillermo Gorian (ex secretario de espectáculos públicos de la municipalidad), Carlos Tur Y Miguel Bustos, deberían enfrentar un tribunal penal (al que se suma una acción civil) por los supuestos delitos de abuso de autoridad e incumpliento de deberes de funcionario público por una denuncia del año 2008. La acción fue promovida por un particular, Sebastián Almada, que consideró «ilegal y arbitraria» la habilitación del mini gimnasio del Club General Paz Juniors, con un aforo admitido de 4.600 personas, para hacer bailes.
Esa presentación se realizó el 27 de febrero de 2008. Acaba de cumplir 17 años. Fue instruída por el fuero penal económico y elevada a juicio en febrero de 2011. Recién en diciembre de 2012 el Juzgado de Control confirmó el requerimiento rechazando la apelación de los imputados. Desde entonces duerme en una Cámara del Crimen. En 2015 Nostrala y Gorián pidieron la suspención de juicio a prueba. Al parecer ni siquiera eso se resolvió. Al menos no se conocen definiciones públicamente. Sí hubo un único movimiento de la causa registrado por el envío del expediente al Juzgado Civil y Comercial de 22º Nominación donde también descansa, sin posibilidad extraordinaria de suspenderse, la acción civil derivada de la denuncia de 2008.
Walter Nostrala es un hombre de constantes y sonantes manifestaciones mediáticas vinculadas a lo judicial. Se quejó varias veces porque los «delincuentes entran por una puerta y salen por la otra»; votó con énfasis y reclamando más dureza la ley de Ficha Limpia en Córdoba; pidió en ocasiones que se elimine el fuero especial anticorrupción, etc. etc. Pero él prefiere evadir a los tribunales. Le resulta más cómodo. Y como se sabe montar a las olas mediáticas favorables, se siente seguro de que nadie le hará ninguna pregunta ni reproche. Tiene, en ese sentido, la complicidad de la Justicia, especialmente al Ministerio Público Fiscal, cuyos funcionarios ocultaron convenientemente las causas de Nostrala, de Carrizo y de Lucas Juez. ¿Cuántos más habrá?.