Desde la asunción de Javier Milei la relación fiscal entre el Gobierno nacional y las provincias ha sido un tema de intensa controversia. Uno de los aspectos más debatidos es el manejo de las transferencias no automáticas o discrecionales, fondos que el Ejecutivo nacional distribuye a las provincias sin estar regulados por una ley específica, lo que permite al gobierno decidir su asignación según criterios propios. En este contexto, se ha señalado que estas transferencias podrían estar siendo utilizadas como una herramienta para premiar a provincias alineadas políticamente con el oficialismo de La Libertad Avanza, mientras que aquellas gobernadas por opositores enfrentan recortes significativos.
Durante el primer año de gestión de Milei, las transferencias discrecionales a las provincias experimentaron una caída abrupta. Según datos oficiales, en el primer cuatrimestre de 2024, estas transferencias se redujeron un 89,5% en términos reales en comparación con el mismo período del año anterior, pasando de $295.920 millones a $108.997 millones. En enero de 2024, el giro de fondos discrecionales cayó un 98%, y 13 provincias no recibieron ningún tipo de transferencia de este tipo. Este recorte se enmarcó en la política de «déficit cero» impulsada por Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, quienes justificaron la medida como necesaria para ordenar las cuentas públicas y evitar el uso de estos fondos como «moneda de cambio» para favores políticos.
Sin embargo, en 2025, los envíos discrecionales comenzaron a recuperarse, aunque de manera selectiva. En los primeros cinco meses del año, el Gobierno nacional transfirió $72.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN), un 44% más que en todo 2024. Estas transferencias, que representan el 1% de la masa coparticipable y se destinan a atender emergencias o desequilibrios financieros, no se distribuyeron de manera equitativa. Provincias como Neuquén ($15.000 millones), Buenos Aires ($10.000 millones, por inundaciones en Bahía Blanca), Chubut, Salta y Tucumán fueron algunas de las más beneficiadas, mientras que otras, como La Rioja, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, no recibieron fondos.
El análisis de las transferencias discrecionales revela un patrón que sugiere un uso político de estos fondos. Provincias gobernadas por mandatarios alineados con el oficialismo, como Catamarca, Salta, Misiones, Jujuy y Tucumán, han recibido sumas significativas de ATN, especialmente en momentos clave de negociaciones legislativas. Por ejemplo, en noviembre de 2024, se distribuyeron $20.000 millones entre cinco provincias aliadas que apoyaron al gobierno en el Congreso para salvar vetos presidenciales relacionados con el financiamiento educativo y las jubilaciones. En julio de 2025, Catamarca, Salta y Tucumán recibieron $3.500 millones cada una en ATN, mientras que otras jurisdicciones, especialmente las gobernadas por opositores como La Rioja, Formosa y La Pampa, enfrentaron recortes superiores al 95% en comparación con la gestión anterior.
La Rioja, La Pampa y Formosa, cuyos gobernadores (Ricardo Quintela, Sergio Ziliotto y Gildo Insfrán, respectivamente) son abiertamente críticos de Milei, fueron las más afectadas por los recortes, con caídas del 98,1%, 96% y 95,9% en las transferencias no automáticas durante 2024. En contraste, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gobernada por el PRO (aliado de Milei), registró un incremento del 33,7% en estos fondos, beneficiada también por una medida cautelar de la Corte Suprema. Este manejo selectivo de los fondos ha sido interpretado como una estrategia para «disciplinar» a los gobernadores opositores y premiar a los aliados, especialmente en un año electoral como 2025.
El recorte de fondos discrecionales generó fuertes tensiones con los gobernadores, varios de los cuales recurrieron a la Corte Suprema para reclamar por la quita de recursos. Provincias como La Rioja, Chubut, Chaco, La Pampa y Misiones presentaron demandas en 2024, argumentando que los recortes ponían en riesgo sus finanzas y servicios esenciales como educación, salud y seguridad. Además, los gobernadores impulsaron en el Congreso un proyecto para coparticipar los ATN y el impuesto a los combustibles, buscando reducir la discrecionalidad en su distribución y garantizar un reparto más equitativo basado en los criterios de la Ley de Coparticipación Federal.
Según estimaciones si los ATN se distribuyeran según los coeficientes de coparticipación, entre enero y mayo de 2025 se habrían transferido $214.949 millones en lugar de los $80.500 millones efectivamente girados. Este reclamo refleja la preocupación de los gobernadores por la acumulación de fondos no distribuidos, que alcanzó $1,2 billones entre 2024 y el primer semestre de 2025, equivalente al 30% de un mes promedio de transferencias automáticas.
El manejo de los fondos discrecionales por parte del gobierno de Milei ha sido criticado por su opacidad y aparente sesgo político. Mientras que el oficialismo defiende los recortes como parte de su estrategia de ajuste fiscal, los datos sugieren que las transferencias se han utilizado estratégicamente para recompensar a provincias aliadas, especialmente en momentos clave como negociaciones legislativas o elecciones. La candidata a diputada de La Libertad Avanza, Marcela Pagano, reconoció en 2023 que estos fondos podrían ser una herramienta de negociación con los gobernadores para asegurar la aprobación de leyes, aunque rechazó que esto constituyera una extorsión.
Por otro lado, el gobierno sostiene que los recortes son necesarios para mantener el equilibrio fiscal y que los ATN deben destinarse a emergencias específicas, como los incendios en Neuquén o las inundaciones en Buenos Aires. Sin embargo, la falta de criterios objetivos en la distribución de estos fondos y la exclusión de provincias opositoras han avivado las críticas sobre un manejo discrecional que refuerza la centralización del poder en la Casa Rosada.