El gobierno de Javier Milei presentó este martes un pedido formal a la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, para que revise su decisión de exigir a la República Argentina la entrega de conversaciones de WhatsApp y otras comunicaciones del actual ministro de Economía, Luis Caputo, de su antecesor Sergio Massa, y de otros funcionarios de alto rango tanto de la administración actual como de la gestión de Alberto Fernández. Esta solicitud judicial se enmarca en el juicio iniciado por fondos especulativos contra el Estado argentino por la forma en que se llevó a cabo la expropiación de la petrolera YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Preska ya había hecho lugar a un planteo de los fondos demandantes, encabezados por Burford Capital, una firma especializada en litigios internacionales, quienes reclamaron acceso a esa información. En respuesta, el gobierno argentino sostuvo que no tiene acceso ni control sobre dichos datos, tal como lo establece la Constitución Nacional.
Por esta razón, el Ejecutivo nacional pidió a la jueza que reconsidere su resolución, argumentando que el Estado no dispone de los dispositivos desde los cuales se enviaron esas comunicaciones, ya que pertenecen a individuos y no al gobierno como institución.
La Procuración del Tesoro ya había anticipado la semana pasada que se encontraba “analizando las alternativas legales para apelar esta inédita orden de discovery”.
“La Argentina solicita a la jueza Preska que reevalúe su reciente resolución respecto a la entrega de comunicaciones de determinados funcionarios y exfuncionarios, dado que esos dispositivos no están en poder del Estado, ya que son de propiedad privada”, informó Sebastián Maril, analista que sigue de cerca las causas vinculadas a los llamados fondos buitre contra el país.
En el escrito presentado ante el tribunal, la defensa argentina remarcó que la jueza omitió considerar un aspecto central en este tipo de procesos, contemplado en las Reglas Federales de Procedimiento Civil: determinar si los dispositivos y cuentas personales están realmente bajo la “posesión, custodia o control” del Estado.
Además, el documento indica que los demandantes no pudieron demostrar que la Argentina tenga “el derecho, la autoridad o la capacidad práctica” para acceder a esos dispositivos y cuentas personales, ni de los actuales funcionarios ni de quienes ya dejaron sus cargos.
Por el contrario, se argumentó que según el marco legal argentino, estos elementos “son de propiedad exclusiva de sus titulares”, es decir, de cada funcionario en su carácter personal, y no del Estado como empleador. En este contexto, el gobierno ya presentó dos escritos ante la magistrada relacionados con lo resuelto en la audiencia de discovery del 29 de julio.
Cabe recordar que la expropiación del 51% de las acciones de YPF se concretó el 16 de abril de 2012. Ese día, la entonces presidenta Cristina Kirchner anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación la participación accionaria que estaba en manos de la empresa española Repsol. La ley fue finalmente sancionada y promulgada el 4 de mayo de ese mismo año.