El Ministerio de Salud presentó este viernes un protocolo destinado a equipos y establecimientos de salud que brinda herramientas concretas para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), en un acto donde se valorizó la militancia de las mujeres y la decisión política que permitieron llegar, en diciembre pasado, a la sanción de la ley que garantiza el derecho al acceso al aborto legal, seguro y gratuito.

Se trata del Protocolo para la Atención Integral de las personas con derecho a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo, que quedó oficializado este viernes-en ocasión del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres- con su publicación en el Boletín Oficial, adecuado a la Ley 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). También, el nuevo protocolo estipula procedimientos de interrupción legal del embarazo (ILE), y de atención posaborto.

La guía contiene dos partes, la primera de ellas dedicada al marco legal, que incluye los principios rectores del derecho a interrumpir el embarazo; las condiciones para el acceso a la IVE y a la interrupción legal del embarazo (ILE); el consentimiento informado necesario en cada caso; la objeción de conciencia; y la responsabilidad profesional e institucional.

En tanto, la segunda parte se ocupa del proceso de atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. El personal de salud «es responsable de asegurar y no obstruir el derecho a la IVE», resaltó Isla.

La ley establece que las personas con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la IVE hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional. Además, tienen derecho a acceder a la ILE si el embarazo fuera resultado de una violación, o si estuviera en peligro la vida o la salud de la persona gestante.

• La realización de una IVE o ILE debe guiarse por los principios y derechos que figuran en el artículo 5° de la ley: trato digno, privacidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad, acceso a la información y calidad para garantizar el tratamiento del aborto conforme a los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en el marco de los derechos humanos.

•La norma argentina enmarca también un espacio de consejería en derechos sexuales y reproductivos para las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar con el propósito de informar, asesorar y acompañarlas en la toma de decisiones autónomas.

•Se trata del resultado de un trabajo multisectorial y articulado que lleva más de una década desde la creación en 2007 del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y la publicación de la «Guía Técnica para la Atención Integral de Abortos No Punibles» en sus distintas ediciones.

La ley IVE fue sancionada por el Congreso el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero de este año.

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