Mientras el consumo cae y los ingresos de las familias siguen perdiendo frente a la inflación, el Gobierno nacional volvió a avanzar con un aumento de los impuestos a los combustibles que ya comenzó a trasladarse a los surtidores. La decisión oficial aplica una suba parcial en enero y deja pendiente para febrero el incremento pleno, anticipando un nuevo golpe al bolsillo en pleno verano.
El ajuste alcanza al Impuesto a los Combustibles Líquidos y al tributo al dióxido de carbono, que el Ejecutivo decidió dosificar para evitar un impacto inmediato mayor en la inflación. Sin embargo, la estrategia no elimina el problema: simplemente lo patea unas semanas hacia adelante y garantiza un nuevo aumento en los precios de la nafta y el gasoil en el corto plazo.
El encarecimiento de los combustibles tiene un efecto dominó sobre toda la economía. Afecta el transporte, la logística, los alimentos y los servicios, en un contexto en el que el consumo ya muestra señales claras de retracción. Pese a ese escenario, el Gobierno opta nuevamente por reforzar la recaudación vía impuestos regresivos, que castigan con mayor fuerza a trabajadores, monotributistas y sectores productivos.
Desde el sector advierten que la suba impositiva se suma a un mercado con ventas en caída y márgenes cada vez más ajustados. Para los consumidores, en tanto, el mensaje es claro: el alivio prometido no llega y los combustibles vuelven a convertirse en una de las principales anclas de la pérdida de poder adquisitivo.
Con el aumento escalonado, el Ejecutivo busca administrar el impacto político del ajuste, pero no modifica el fondo de la decisión: seguir trasladando el costo fiscal a los usuarios. La postergación del incremento total para febrero no es una marcha atrás, sino la confirmación de que habrá otra suba en los surtidores, aun cuando la economía real sigue sin dar señales de recuperación.